Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han firmado este lunes la adenda por cuatro años al convenio firmado en 2021 para extender el realojo a unas 180 familias más del Sector 6 de la Cañada Real, el más vulnerable del asentamiento.
Las administraciones trabajan en la actualización del censo o estudio social que se realizó entre 2016 y 2017 para determinar la población residente en la Cañada y establecer las necesidades futuras de realojo.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, han firmado la adenda en Cibeles para realojar en pisos públicos a 180 familias en situación de vulnerabilidad con una inversión de 52 millones de euros, financiados a partes iguales por las dos administraciones.
En el convenio de diciembre de 2021 entre Comunidad y Ayuntamiento las dos administraciones se comprometieron a aportar 34 millones de euros a partes iguales para el realojo. La adenda a ese convenio se centra en el Sector 6, que abarca el tramo comprendido entre la incineradora de Valdemingómez y el final del término municipal de Madrid que limita con Getafe, en concreto a las familias residentes entre la intersección con la carretera de circunvalación de acceso a Valdemingómez (parcelas 126 y 79 I) hasta las parcelas 102 (letras E y F) y 71, en Vallecas.
González y Rodrigo han acordado ampliar el ámbito territorial objeto de las actuaciones administrativas, facilitando de esta manera el realojo a aquellas familias asentadas geográficamente en zonas colindantes a la originaria. También se contempla un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que se prolongará durante un año, tras la publicación del convenio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Requisitos
Podrán acogerse a estos realojos aquellas familias que residen y estén empadronadas dentro del ámbito territorial antes del 31 de diciembre de 2011. Deben disponer de unos ingresos familiares inferior a 3,5 veces al IPREM, no tener otra vivienda en propiedad o en uso y disfrute en todo el país y no ser ni haber sido adjudicatario como titular de vivienda de protección oficial o promoción pública en los últimos veinte.
Tampoco haber rechazado ninguna vivienda ofertada por la AVS o la EMVS para su realojamiento en los últimos diez años. Además la unidad familiar no podrá superar en el momento de comprobación de los requisitos el límite máximo de titularidad patrimonial, correspondiente a nueve veces el valor del Indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples anual.
Este convenio se enmarca en las actuaciones del Plan Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito por los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, la Comunidad y Delegación de Gobierno. Desde el año 2018 se ha realojado a 228 residentes en viviendas públicas, de las que 139 son de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad y más de 90 proceden de la empresa municipal EMVS.
Desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con el delegado José Fernández al frente, se cuenta con un servicio específico para garantizar la viabilidad de los realojos. De este modo, las familias residentes en la Cañada Real que queden incluidas en el plan de realojos serán incorporadas a un programa de acompañamiento social prestado por trabajadores sociales y/o educadores sociales.
Unidad de las administraciones
Se busca garantizar el acompañamiento y orientación de las familias que posibiliten la adaptación a la nueva vivienda y la adecuada integración de estas familias con su nuevo entorno.
El delegado Álvaro González ha remarcado que el de hoy es un día importante para «eliminar esta herida en Madrid, Coslada y Rivas y para dar una vida digna a estas familias». El edil ha destacado el trabajo «codo con codo» con la Comunidad en un clima de «máxima colaboración».
En la misma línea se ha expresado el consejero, que ha puesto el foco en «la vocación de acuerdo» entre las dos administraciones para «erradicar el chabolismo» y «abordar este problema en el mayor asentamiento ilegal». Y todo ello en un contexto en el que «algunos tratan de impulsar proyectos de polarización política y social». «Hay que recordar las cosas que nos unen», ha defendido.