El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, «empiece a preocuparse ahora que está en funciones» por la atención a la dependencia, al tiempo que ha recordado que la Administración regional madrileña cuenta con la red de atención «más amplia» entre las autonomías españolas.
García Martín se ha referido así a la notificación que el Ministerio ha realizado por carta a las comunidades autónomas acerca de la urgencia de aplicar las mejoras de las prestaciones económicas y las intensidades del servicio de ayuda a domicilio que benefician a al menos 750.000 personas en situación de dependencia en España.
A raíz de las quejas de usuarios del sistema de dependencia en diferentes comunidades autónomas, el departamento de Belarra ha recordado a las autonomías que la entrada en vigor de estos preceptos se produjo entre el 19 de julio y el 1 de agosto.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado este miércoles, el consejero ha asegurado que le «parece bien» esa carta y ha celebrado que Belarra «empiece a preocuparse ahora que está en funciones» de algo que la región madrileña ha reivindicado «en muchas ocasiones», como es que el Ministerio «haga frente a los costes de la Ley de Dependencia» y «participe de manera más intensa» para dotar a las comunidades de los medios necesarios «para seguir implementando la ley y la red de atención».
Asimismo, Miguel Ángel García Martín ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la red de atención «más amplia» entre las autonomías, con más de 50.000 plazas y herramientas de apoyo a las familias que deseen que la atención se produzca en el domicilio.
"compromiso firme" con la atención a las personas
El consejero ha subrayado el «compromiso firme» de la Comunidad de Madrid con la atención «de todas las personas» y ha reiterado el liderazgo madrileño en cobertura y especialización, a pesar de lo cual ha asegurado que seguirán trabajando en su mejora.
La ministra de Derechos Sociales en funciones ofrece en su carta la colaboración de su departamento para llevar a cabo el proceso de regularización de las prestaciones a las administraciones autonómicas, teniendo en cuenta la «importancia» de las medidas para la población en situación de dependencia y para sus familias.
Esta reforma se aprobó el pasado 18 de julio en el Consejo de Ministros y fue previamente consensuada entre la cartera de Belarra y las comunidades autónomas. Entre otras modificaciones, incrementa las cuantías máximas de las prestaciones económicas, introduce cuantías mínimas de las mismas y aumenta las intensidades horarias del servicio de ayuda a domicilio, entre otras modificaciones.
En concreto, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se incrementan un 17,65%, mientras que las prestaciones económicas vinculadas al servicio y aquellas para asistencia personal se incrementan con carácter general un 4,5%.
Las cuantías mínimas, que hasta ahora no estaban contempladas en la normativa estatal, se introducen en la reforma para así evitar situaciones en las que las prestaciones se veían reducidas, llegando a ser cercanas a cero euros. Ahora se establece un suelo mínimo de 100 euros, 150 y 200 euros, según el grado de dependencia.
Por otro lado, las intensidades horarias de la ayuda a domicilio pasan de un máximo de 20 horas en el caso de un grado I de dependencia a un mínimo de entre 20 y 37 horas. Para los grados II la horquilla aumenta desde las 21-45 horas, hasta las 38-64 horas, mientras que la horquilla de la intensidad horaria para el grado III asciende hasta las 65-94 horas desde las 46-70 horas que se establecieron en 2012.