Agentes de la Guardia Civil han detenido a un conductor profesional de camiones en Torrevieja (Alicante) por un delito de falsedad en documento público, por presuntamente llevar insertada en el tacógrafo del vehículo en el que circulaba la tarjeta de otra persona.
Los hechos sucedieron el pasado 19 de agosto, cuando agentes pertenecientes al Equipo Especialista de Transporte del Destacamento de Tráfico de Torrevieja realizaban un control de transportes en la autopista AP-7, a su paso por el municipio de Torrevieja, según ha señalado la Benemérita en un comunicado.
En el transcurso de la inspección de un camión articulado con caja, los agentes detectaron una irregularidad relevante. En concreto, el chofer y único ocupante llevaba insertada en el tacógrafo una tarjeta de conductor perteneciente a una persona distinta a la que conducía, lo que constituye un «claro uso fraudulento» del documento.
Por ello, los agentes procedieron a la inmediata intervención de la tarjeta y a la detención del conductor. Se trata de un hombre de 54 años que se enfrenta a un supuesto delito de falsedad en documento público. De la detención y de las diligencias policiales instruidas se ha dado cuenta al Juzgado de Guardia e Instrucción de Torrevieja. La tarjeta utilizada ha sido intervenida y el vehículo ha sido inmovilizado y puesto a disposición judicial.
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante continúa las investigaciones para esclarecer el origen de la tarjeta utilizada y determinar si su titular tenía conocimiento del uso ilegal que se estaba llevando a cabo.
Las tarjetas de los tacógrafos están diseñadas con el propósito de evitar que los conductores excedan de las horas de conducción autorizadas y para garantizar que se respeten los descansos diarios obligatorios.
La Guardia Civil ha alertado que el incumplimiento de estas normativas representa un «riesgo significativo» para la seguridad vial y puede generar una competencia desleal en el sector del transporte. Este tipo de delito se encuentra tipificado en el artículo 392 del Código Penal y está castigado con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.