La Guardia Civil de Huesca ha realiza 7.150 pruebas de alcoholemia y 51 de detección de drogas en los distintos dispositivos realizados durante de las Fiestas de San Lorenzo 2023 de la capital oscense, fruto de los cuáles 56 conductor han sido denunciados por infracción administrativa y cuatro investigados por un delito contra la seguridad vial.
En estos últimos casos, se han instruido las correspondientes diligencias que han sido remitidas al juzgado correspondiente, ha informado la Benemérita en una nota de prensa.
Respecto a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes, se realizaron un total de 51 pruebas de las cuales 27 arrojaron un resultado positivo, a falta de confirmación por laboratorio, en cuyos casos los conductores fueron denunciados por infracción administrativa.
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha establecido durante las fiestas patronales de Huesca un total de 89 dispositivos preventivos de detección de alcohol y drogas en la conducción, en diferentes puntos de los accesos y salidas de la ciudad.
Estos dispositivos, establecidos en horarios aleatorios, tienen como finalidad la detección tanto de conductores bajo la influencia de alcohol y drogas, como la de ser un elemento disuasorio para prevenir la ingesta de alcohol y consumo de sustancias estupefacientes por personas que se van a desplazar conduciendo un vehículo a motor, tratando de reducir la siniestralidad vial.
La Benemérita ha recordado que el consumo de alcohol y drogas influyen negativamente en la conducción, al disminuir la capacidad sensorial, los reflejos y la atención, suponiendo todo ello un peligro para la propia vida y la del resto de usuarios de la vía.
El peligro de conducir ebrio
La conducción de vehículos a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes están tipificas como infracción administrativa con la detracción de 4 a 6 puntos y una sanción entre 500 y mil euros, si no se supera la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado.
En el caso de superar esta tasa, la infracción pasa a ser penal por lo que podría llevar una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa económica de 6 a 12 meses y una privación del derecho a conducir, con la retirada del permiso de conducción, de uno a cuatro años.
En todos los casos en los que la prueba de alcohol o droga realizada al conductor arroja un resultado superior a las tasas establecidas, se procede a la inmovilización del vehículo o se hace cargo del mismo una persona designada por el conductor al que, igualmente, se le realiza la prueba de detección de alcohol y drogas antes de hacerse cargo del mismo, han apuntado desde la Guardia Civil.