La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de València no se opondrá a que se elimine el requisito de residencia legal para universalizar el acceso a los bonos de transporte, según se explica en la respuesta que responsables de esta área municipal han dirigido al Síndic de Greuges.
De esta manera, también se podrían beneficiar las personas migrantes en situación administrativa irregular, que actualmente no pueden obtener estas tarjetas de descuentos en los viajes al carecer de permiso de residencia aunque vivan en València, ha indicado València Acull en un comunicado.
A raíz de una queja presentada por València Acull, tanto el Síndic como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se han mostrado a favor de «universalizar los bonos de transporte, de manera que se pueda acceder a los mismos sin limitaciones» y se ha solicitado al Ayuntamiento de València que cambie el criterio vigente por ser discriminatorio y afectar al derecho de igualdad.
Tras la emisión el pasado 3 de julio del informe de la EMT, la primera teniente de alcalde y responsable de Hacienda y Participación, María José Ferrer San Segundo, remitió el 31 de julio al Síndic el informe de la Concejalía de Movilidad en el que se anuncia que «se dará traslado de la solicitud de suprimir el requisito de la residencia legal en España en los abonos de transporte de competencia municipal a la nueva corporación municipal para que tome la decisión más adecuada en la aprobación de las condiciones de dichos abonos para el año 2024».
En el informe, el personal técnico de Movilidad explica que hasta el momento las propuestas de abonos de transporte efectuadas por la EMT y por el concejal delegado «han incluido el requisito de la residencia legal». Sin embargo, a la vista del reciente informe de la EMT del 3 de julio, darán traslado de la conformidad de la EMT «con la supresión del requisito».
El nuevo equipo de gobierno municipal «tendrá que decidir si universaliza los beneficios de estos bonos a toda la población de València, un cambio de criterio en los requisitos de acceso al que no se opone la concejalía competente en la materia, que defiende el Síndic y la EMT y que favorecería a uno de los colectivos más vulnerables: las personas en situación administrativa irregular».