El Grupo Popular ha apoyado por un «error humano» dos puntos de una proposición no de ley (PNL) presentada en el Parlamento andaluz por el grupo de Vox en «defensa del mundo rural» que plantea pedir al Gobierno central y a la Junta «derogar» leyes de cambio climático a nivel nacional y andaluz.
La iniciativa se ha votado en un único bloque y ha salido aprobada con los votos a favor del PP-A y Vox y el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Fuentes del Grupo Popular en el Parlamento han aclarado a Europa Press que se ha producido un «error humano al indicar el sentido del voto» en esta PNL, de forma que los diputados han votado a favor de toda la iniciativa, incluidos los puntos 1 y 2 de la misma --que abogan por esas derogaciones de leyes--, cuando realmente querían rechazar esos dos primeros puntos.
Al hilo de esta confusión, desde el Grupo Popular han querido aclarar su «compromiso inequívoco en la lucha contra el cambio climático y el respaldo a las políticas puestas en marcha por el Gobierno andaluz en este sentido», y han remarcado que «rechazan por completo derogar esas leyes».
Además, han explicado que en una PNL que sobre biomasa ha defendido el PP-A también este jueves en el Pleno, el Grupo Popular ha rechazado dos enmiendas de Vox que precisamente iban en esa línea de derogación de la Ley 8/2018 de Cambio Climático.
Puntos sobre derogaciones de leyes
Tal como ha sido aprobada en virtud de ese error en la votación, la iniciativa de Vox plantea que el Parlamento inste a la Junta a que, a su vez, emplace al Gobierno central a «derogar» la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, «para permitir que los españoles exploren y exploten los recursos naturales disponibles en el territorio, poniendo, por ejemplo, en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los desmantelamientos de centrales térmicas que existan actualmente en España, reconectándose todas de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la recuperación de la soberanía energética».
De igual modo, la PNL aprobada por PP y Vox plantea que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de la Junta a que «derogue» la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, «mientras que la llamada 'transición ecológica' no sea más que una transferencia de ingentes cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites que impulsan la agenda climática».
Otras propuestas
Por otro lado, entre otras cuestiones, con esta PNL el Parlamento acuerda instar a la Junta a que, a su vez, emplace al Gobierno de España a exigir, «en las instancias europeas correspondientes, la aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten desde el punto de vista agroalimentario», así como que «exija a la UE la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas».
Así, la iniciativa plantea que el Parlamento inste a la Junta a que, a su vez, emplace al Gobierno central a «derogar» la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, «para permitir que los españoles exploren y exploten los recursos naturales disponibles en el territorio, poniendo, por ejemplo, en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los desmantelamientos de centrales térmicas que existan actualmente en España, reconectándose todas de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la recuperación de la soberanía energética».
De igual modo, en virtud de esta PNL aprobada por PP y Vox, el Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta a que «derogue» la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, «mientras que la llamada 'transición ecológica' no sea más que una transferencia de ingentes cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites que impulsan la agenda climática».
Asimismo, entre otras cuestiones, con esta PNL el Parlamento acuerda instar a la Junta a que, a su vez, emplace al Gobierno de España a exigir, «en las instancias europeas correspondientes, la aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten desde el punto de vista agroalimentario», así como que «exija a la UE la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas».
La iniciativa aprobada también aboga por exigir a la UE «un control férreo y riguroso en todos los puntos fronterizos de entrada a la UE para luchar contra la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen con los acuerdos preferenciales y para evitar que entren productos que hayan sido tratados en origen con productos fitosanitarios e insecticidas prohibidos en la UE».
Por otro lado, el Parlamento también insta con esta iniciativa al Gobierno de la Junta a que el presupuesto destinado en Andalucía al «reto demográfico» sea «empleado a fomentar el acceso a la vivienda en los núcleos despoblados y a mejorar la fiscalidad de estas zonas, y no a campañas publicitarias y páginas webs».
Defensa de la iniciativa
El parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha sido el encargado de defender ante el Pleno esta iniciativa que sostiene que «uno de los pilares fundamentales de la agenda globalista es la estigmatización del modo de vida rural», y «el campo español, sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía están en el punto de mira de las élites progresistas».
La PNL que ha defendido Vox sostiene que «la España rural necesita medidas que garanticen la persistencia y el crecimiento de un modo de vida crucial para la nación», y es «de vital importancia defender el mundo rural y sus tradiciones, lo que también pasa por la conservación y restauración de los bienes culturales y ecológicos, que lo son de todos los españoles».
Desde Vox han advertido de que «al abandono y a la estigmatización del mundo rural por parte de las élites globalistas», se ha unido «en el último año una grave sequía y unos factores geopolíticos que han provocado el aumento de los costes de producción», y la nueva Política Agrícola Común (PAC) «supone un perjuicio para los agricultores, con una reducción de la cuantía de las ayudas y nuevas obligaciones sujetas a los ecorregímenes».
«A ello se le unen las amenazas de las políticas que asumen todos los postulados climáticos que propugnan un cambio de modelo de vida de millones de españoles, con una sustitución de los cultivos y la ganadería por macroparques eólicos, que abren la puerta a la especulación y a la destrucción de empleo», advierte Vox en esta iniciativa en la que ha subrayado que «el mundo rural es el sustento del sector primario y un eje vertebrador de la población rural en miles de pueblos de España».