Siete entidades representativas del sector de la promoción, la intermediación y la administración de viviendas han presentado alegaciones a la resolución de la secretaria de Vivienda de la Generalitat que propone limitar el precio de los alquileres en los municipios considerados como zonas tensionadas, han explicado en un comunicado conjunto este jueves.
Lo han hecho la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce), el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya y el Consell de Cambres de Catalunya.
Las alegaciones se centran en «el incumplimiento del procedimiento» establecido por la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que, según ellos, exige que el control de precios del alquiler sea la única medida para reducir los desequilibrios entre oferta y demanda en los municipios.
También señalan que la Generalitat no ha realizado una memoria justificativa para ninguno de los 140 municipios afectados y que la resolución tampoco contempla un plan específico con las medidas para corregir el desequilibrio entre oferta y demanda.
índice de precios
El sector inmobiliario también ha señalado que el sistema de índice de precios de referencia que se debe aplicar según la resolución es elaborado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Ha definido el índice como «un grave error de la resolución», ya que han asegurado que la Ley estatal incluye que el índice debe ser elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Por otro lado, han criticado la selección de indicadores para declarar la zona tensionada, que han definido como «sesgada y no corresponde a la definición» de la Ley de Vivienda.