Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado mes de mayo en Vitoria-Gasteiz a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa, al concertar matrimonios aparentemente ficticios para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros a cambio de una compensación económica.
Las investigaciones se iniciaron cuando investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Vitoria-Gasteiz tuvieron conocimiento de que se estaban produciendo matrimonios falsos o parejas de hecho fraudulentas con la finalidad de que el cónyuge en situación irregular pudiera obtener el permiso de residencia, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.
En un primer momento, pudieron identificar a un ciudadano de origen magrebí, en situación irregular, que había obtenido una tarjeta de residencia de familiar de comunitario tras formalizar una relación de pareja, previo pago de 3.000 euros, con una joven vitoriana de 22 años.
Para simular este ficticio vínculo afectivo, se habían empadronado juntos en un domicilio de la capital alavesa perteneciente a un tercero. Los agentes también averiguaron que el dueño de la vivienda ya había participado en la regularización de otro ciudadano extranjero en situación irregular utilizando el mismo sistema de engaño.
De forma simultánea, se descubrió que los responsables y encargados de la coordinación de la trama y puesta en contacto de estas parejas falsas eran un hombre y una mujer, ambos de origen colombiano.
Sanciones
Por todo ello, estas dos últimas personas, la joven que contrajo matrimonio ilegal, y el propietario de la vivienda en la que se empadronaban fraudulentamente fueron arrestados y puestos a disposición judicial.
La Brigada de Extranjería y Fronteras de Vitoria-Gasteiz ha realizado, sólo el pasado año, 24 investigaciones de carácter administrativo sobre parejas de hecho donde se apreciaban indicios de fraude, con un resultado la sanción en «un alto porcentaje» de los investigados por infracción grave de la Ley de Extranjería, castigada con multas que van desde los 501 euros hasta los 10.000 euros, además de la solicitud de la extinción de la Tarjeta de Familiar de Comunitario.