La mayoría absoluta del PP ha aprobado inicialmente la modificación de las normas urbanísticas, que afectarán a la implantación de cocinas industriales, entre otras nuevas realidades en la ciudad, dictamen favorable en la comisión extraordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que supone el paso previo a la luz verde definitiva en el Pleno del Ayuntamiento que se celebrará este lunes. La Comunidad de Madrid tendrá después que ratificarlo en un plazo máximo de cuatro meses.
El dictamen favorable en comisión ha salido adelante con los votos del PP ante el 'no' de PSOE y Más Madrid y la abstención de Vox, aunque con un discurso muy crítico con el Gobierno. Lo hace tras dos comisiones en el mandato anterior, cuando el dictamen fue desfavorable.
Las normas pretenden regular desde las cocinas industriales a los pisos turísticos, además de otras realidades en la ciudad como el 'cohousing', el 'coliving', la flexibilización de usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad de las declaraciones de impacto, las tramitaciones de impacto ambiental o, la mejora de las declaraciones responsables. El mandato pasado acabó sin que los números le dieran a José Luis Martínez-Almeida por el rechazo de la oposición al documento puesto encima de la mesa.
Las cocinas industriales han ocupado gran parte del foco de la comisión dado que el próximo 16 de agosto expirará la moratoria aplicada a estos nuevos negocios. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha aclarado, a preguntas de la prensa, que la Comunidad tiene «un plazo máximo de cuatro meses» para ratificar la norma municipal.
El Gobierno local espera que el regional no agote ese plazo máximo, especialmente porque es un expediente ya trabajado a nivel técnico, institucional y político con la Comunidad de Madrid, «que conoce perfectamente desde el mes de diciembre del año pasado».
«No esperamos que haya ningún vacío legal, entre otras cosas porque el plazo para otorgar licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid es de tres meses. Durante esos tres meses, si se aprueban definitivamente por la Comunidad de Madrid esas normas urbanísticas, entrarán en vigor las limitaciones para esas licencias y, por tanto, no tendremos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores a la aprobación de las normas», ha explicado Carabante.
«Estas normas urbanísticas vienen a contribuir a que la actividad economía de la ciudad de Madrid no se pare y que el urbanismo sea el principal instrumento del desarrollo económico y social y del equilibrio territorial», ha argumentado Carabante al término de la comisión.
NORMAS QUE DARÁN «CONFORT JURÍDICO»
Carabante ha aseverado que la aprobación «va a dar confort jurídico precisamente a aquellas familias que ahora tienen quejas por determinadas actividades que pueden ser perjudiciales para su descanso».
El delegado ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1997 y 25 años después «es necesario regular la nueva realidad económica y comercial de la ciudad de Madrid». El Ayuntamiento se compromete a regular pero de manera que permita la actividad económica.
Borja Carabante ha subrayado que uno de los principales compromisos en campaña del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue que una de sus primeras medidas sería la aprobación de las normas urbanísticas. La modificación del PGOU llegará a más largo plazo pero las normas urbanísticas se presentan como «un paso intermedio» en ese camino para «afrontar los retos del futuro».
VOX ESPETA AL PP QUE YA «NO PUEDEN ESCONDERSE BAJO LAS FALDAS DE CS»
El concejal de Vox Ignacio Ansaldo finalmente se ha abstenido en la comisión aunque con un discurso muy crítico con el Gobierno, al que ha acusado de «no mover ni una coma» del expediente presentado en el mandato pasado con la diferencia de que ahora «no pueden esconderse bajo las faldas de CS».
Ansaldo ha aseverado que Vox siempre ha estado «a favor del avance del PGOU» porque «Madrid tiene que adaptarse a las nuevas realidades y evolucionar con ellas» pero la modificación de las normas urbanísticas se ha llevado a cabo por el Gobierno del PP «con poca transparencia, con prisas por las elecciones y con una tramitación que no se llevó a cabo por un uso electoralista».
El edil de Vox ha afirmado que se presenta la misma propuesta que en el mandato pasado, «sin mover una coma, cargada de una ideología de género absurda de por sí, su nueva religión de la Agenda 2030 y con unas normas que no dan seguridad jurídica en las cocinas industriales, en los pisos turísticos y en los locales de apuestas». «Sacar una fotocopia del borrador anterior, con prisas, hace que salgan tocadas», ha cuestionado.
Tras escucharle en comisión, Borja Carabante ha replicado que «en pocas ocasiones un proyecto de gobierno ha tenido tanto escrutinio con dos tramitaciones y periodo de información pública de cinco meses».
También ha ironizado con el argumento de Vox de que no podían votar unas normas por la Agenda 2030 o por nombrar el impacto de género dado que «el 6 de junio de 2022 votaron a favor» de un texto «con pocas modificaciones». Eso le ha llevado a acusar a Vox de tener una «estrategia para boicotear las normas», unido al «boicot permanente de la izquierda».
MÁS MADRID: «PARECE QUE EL PP NO QUIERE TESTIGOS»
El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia ha votado en contra de la modificación de las normas urbanísticas porque «bajo el pretexto de aligerar la burocracia no presenta el PP una mayor eficacia en la gestión sino que elimina controles, como la información pública o la representación democrática en el Pleno para este tipo de cuestiones».
«Parece que el PP lo que no quiere es testigos para sus operaciones de venta de la ciudad, mercadeando con ella para los intereses privados. Ya hemos visto cómo ha acabado el anterior delegado de Urbanismo (en referencia al exconcejal de CS Mariano Fuentes y su salto a una promotora inmobiliaria) y parece que se quiere seguir por el mismo camino», ha lanzado Fernández Heredia.
El edil de Más Madrid también ha advertido de la «ley de la selva» que se avecina en agosto con las cocinas fantasma y el fin de la moratoria y con unas normas «que tampoco van a resolver los problemas». «Ha sido una gran oportunidad perdida para solventar el modelo de ciudad y los problemas que tiene de vivienda», ha lamentado poniendo el foco en el presumible incremento de usos terciarios desde el residencial.
EL PSOE ATACA EL «CLARO ABUSO DE LA MAYORÍA ABSOLUTO»
El concejal socialista Pedro Barrero ha declarado que la aprobación de las normas urbanísticas es «un claro abuso de su mayoría absoluta» tras «dos informes desfavorables consecutivos en esta comisión».
Presentan los 'populares' un modelo de ciudad «sin ambición y que favorece a los promotores privados ignorando a la ciudadanía y a la oposición» porque el 80 por ciento de los 207 escritos de alegaciones han sido rechazados. «Tampoco han incorporado el acuerdo de Pleno sobre las cocinas de marzo que introducía los 500 metros de distancia a equipamientos sensibles, la elaboración de un informe de movilidad o la limitación de horarios y espacios de carga y descarga», ha enumerado Barrero.
El concejal del PSOE ha alertado del «limbo jurídico» en el que quedarán las cocinas hasta su aprobación definitiva, por lo que ha calificado de «decepcionante» que esta haya sido la primera actuación del nuevo mandato, que además sigue la estela de los expedientes anteriores, esto es, «misma inseguridad jurídica, falta de transparencia y mismo desinterés general por el bienestar de los madrileños».
Barrero le ha dado un consejo a Carabante para no acabar como su antecesor, Mariano Fuentes, «con un CS que hoy no tiene representación municipal y con una ética política en entredicho». El consejo es que «priorice el interés general al privado».