La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha solicitado el apoyo del resto de grupos a un texto de declaración institucional en defensa del Día del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio.
A 48 horas de esta jornada, «nos reafirmamos desde el PSOE en el compromiso de seguir trabajando por un futuro en la igualdad», ha declarado Ranera, para trasladar que están «muy preocupados» por las declaraciones de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de VOX, que es «la institución más importante de la comunidad autónoma, porque una de sus propuestas es derogar la Ley aragonesa LGTBI».
En rueda de prensa, la portavoz socialista ha recordado que se comprometió la noche electoral del 28M a no retroceder en derechos sociales y estar muy vigilantes en Zaragoza «para que avance, con sus colectivos, porque los derechos sociales se conquistan y no se pierden».
Esos derechos «no se perderán», ha afirmado, porque el grupo de los diez concejales socialista «seguirá manteniendo» los logros «en políticas sociales e igualdad», ha subrayado Ranera, al argumentar que en Zaragoza «hemos sido pioneros y hemos exportado solidaridad, igualdad de oportunidades y cooperación y seguiremos trabajando para que la ciudad siga avanzando con las entidades y colectivos sociales».
Ha observado que, «desgraciadamente», se ve de forma natural como llegan los gobiernos del PP con VOX y eso «nos alerta de la preocupación de estos avances sociales». A su parecer, el «problema» en el Ayuntamiento de Zaragoza es que es un gobierno en minoría y «rehén de VOX». «Como conocemos a VOX y hemos leído las declaraciones de la presidenta de la Cámara autonómica; nos preocupa mucho esta situación porque tendrán que ceder y esperemos que no se ceda en avances sociales».
El texto de la declaración institucional a favor del Día del Orgullo el PSOE lo llevará este martes a la primera Junta de Portavoces de este mandato porque «queremos y vamos a estar vigilantes y no se va a retroceder en derechos y eso lo quiero garantizar a la ciudadanía».
Garantizar derechos sociales
Ranera ha reafirmado su disposición en tender la mano al Gobierno actual para que no se retroceda en avances y derechos ciudadanos por el bien de la ciudadanía.
«Entendemos --ha explicado-- la política en beneficio de los ciudadanos y tendemos puentes para garantizar que los partidos que no apuestan por los avances y los derechos sociales y la igualdad se queden al margen en cualquier proceso de toma de decisiones de la ciudad».
Ha recordado que otras ocasiones, como el año pasado, se ha presentado también un texto, pero al no firmarse por VOX el documento no hubo tal declaración institucional porque tienen que salir por unanimidad.
Texto
El texto del PSOE de la Declaración Institucional señala que los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo a la legislación internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) disfruten plenamente de los derechos humanos.
Se recuerda que la Constitución de 1978 marca el inicio de una nueva etapa de la historia de España en la que los poderes públicos «deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sean reales y efectivas facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Ese mismo año y mes, en diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad incluido en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En enero 1979, hace 40 años, cesó la ilegalidad de la homosexualidad en España y un mes después las personas encarceladas por su «condición sexual y de género» salían de las cárceles y se ponía fin a «décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización».
A pesar de ello, las personas LGTBI continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley de Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989.
Recientemente, las Cortes Generales han aprobado dos nuevas leyes relevantes para combatir el odio, la violencia y la discriminación que sufren las personas por el hecho de ser -o ser percibidas como- lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersexuales: La ley 15/22 de 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación
La ley 3/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
En Aragón, la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad social y no Discriminación es un «hito» y protege la libertad de cualquier individuo a «manifestar libremente su identidad y su expresión de género», ha subrayado el PSOE.
Renovar el compromiso
Tras esta exposición, el texto indica que los grupos municipales firmantes se quieren adherir a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI «renovando el compromiso que deben tener las Administraciones locales con la igualdad de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia y el avance de estos últimos 40 años, en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoritaria o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se les adjudica».
Es, en el ámbito municipal, donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y «facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar, como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político».
Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, siguiendo las directrices de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se adhiere a esta Declaración y se suma a todas las voces «que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual, de género y de su orientación sexual».
Se condena cualquier forma de violencia: violencia física, verbal, la humillación o menosprecio que tengan en su origen la orientación sexual o la identidad de género y seguidamente se pide una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI que preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia, «cuyo origen es la orientación sexual y la identidad de género».
Se reclama la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBI y de la violencia que sufren para hacer un diagnóstico de la situación en España que permita identificar las necesidades reales hacia la que se deben orientar nuestras políticas.
«Ratificamos --reza otro epígrafe-- la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género mediante programas de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan de las ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones».
Finalmente, sostiene que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos y se reivindica la necesidad de «dotar a las entidades locales de financiación suficiente» para ejecutar las competencias que permitan asegurar la implantación adecuada de las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles.