El PP-A defenderá el jueves ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que denuncia los «agravios» del Gobierno central contra Andalucía y en la que se demanda el rechazo de la institución a los «ataques» que ha sufrido el sector agrícola de la fresa de la provincia de Huelva.
Concretamente, se demandará que la Cámara rechace los pronunciamientos y actuaciones que «han padecido los agricultores y ganaderos andaluces» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez« y manifieste el deseo de que el futuro Ejecutivo »de forma permanente defienda los intereses del sector primario y coadyuve con sus políticas a su mejor desarrollo".
El PP-A censura en su iniciativa «el apoyo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a una campaña de la asociación alemana Campact en la que exige a las cadenas de supermercados, como Edeka o Lidl que dejen de vender fresas de Huelva, por la tramitación en el Parlamento andaluz de la proposición de ley sobre regadíos en la comarca de la corona norte de Huelva.
«Sánchez ha atacado sin disimulo a Huelva en un sector estratégico fundamental del que dependen más de 160.000 familias, denostando además las medidas que propone el Gobierno andaluz para dar solución a la falta de agua como ha sucedido con la citada iniciativa legislativa, sobre la cual han construido un auténtico bulo con el que sólo pretenden sacar rédito político», indica el PP en la proposición no de ley.
Otras demandas de la iniciativa de denuncia de los «agravios» del Gobierno central contra Andalucía consisten en que el Parlamento considere muy negativa la paralización del debate sobre la reforma de un sistema de financiación autonómica que está causando a esta tierra «una infrafinanciación de entre 800 y 1.000 millones anuales», y se demanda que mientras no se reforme el modelo, se genere un fondo transitorio de nivelación que compense la financiación de las comunidades autónomas que quedan por debajo de la media, hasta su aprobación definitiva.
Asimismo, se reclama el rechazo de la Cámara a la aprobación por parte del Gobierno de España del llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, al invadir competencias normativas propias de las comunidades; a la «insuficiente» dotación para inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los dos últimos años, y a la interposición por parte del Ejecutivo nacional de «recursos de conflictos positivos de competencia con la comunidad autónoma» de normas aprobadas por el Parlamento.
Se pide el rechazo del Parlamento «al injusto y poco equitativo» reparto de fondos para Políticas Activas de Empleo y al «recorte» de la dotación para 2023; al «agravio» que supone el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a sólo dos comunidades, y a la «intromisión del Gobierno de España en las competencias exclusivas atribuidas» a Andalucía y que no esté ejecutando las que son compartidas.
El PP-A también demanda que la Cámara rechace «la falta de transparencia y objetividad» con la que se ha gestionado el proceso de designación de la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) --cuya sede Granada la perdió frente a La Coruña-- y que se pronuncie a favor de que el nuevo Gobierno central revierta la decisión y abra un nuevo proceso que garantice los criterios de concurrencia competitiva, objetividad y respeto a la normativa.