El pleno del Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la proposición de ley presentada por EH Bildu con la que planteaba modificar la Ley del Suelo para evitar la especulación, incluyendo un cambio para devolver automáticamente a los suelos urbanizables la calificación de no urbanizables, si transcurridos doce años desde que fueron calificados como urbanizables, sus propietarios no inician las obras de urbanización.
EH Bildu ha llevado al pleno de la Cámara vasca esta propuesta de modificación legal que sólo ha sido apoyada por su grupo, mientras que Elkarrekin Podemos-IU se ha abstenido, y el resto de formaciones --PNV, PSE, PP+Cs y Vox-- han votado en contra.
En la justificación de la ley presentada por EH Bildu, la coalición destacaba que los plazos de la planificación territorial y del planeamiento urbanístico son «a menudo largos, en muchos casos, demasiado» y señala que hay ocasiones en los que «son los propios promotores los que intencionadamente alargan los plazos, muchas veces por razones especulativas; con la esperanza de que los precios de los inmuebles aumenten más adelante, y esperando que los beneficios que se obtengan más adelante sean mayores».
A pesar de reconocer que uno de los objetivos de la Ley del Suelo de la CAPV de 2006 es acabar con prácticas especulativas, EH Bildu cree que transcurridos ya 17 años desde la aprobación de esta norma, «el instrumento expropiatorio contra la especulación urbanística ha demostrado ser insuficiente porque los ayuntamientos carecen de capacidad económica y jurídica suficiente para ejecutar expropiaciones más allá de inmuebles muy puntuales».
Según explicaba la coalición, en la Comunidad Autónoma del País Vasco existen numerosos suelos que fueron clasificados como urbanizables desde hace tiempo y que aún no han sido desarrollados«, y »muchos de ellos llevan más de una década en esta situación, especialmente en pueblos y ciudades medianas y grandes".
Para hacer frente al problema de la especulación del suelo, EH Bildu consideraba necesario que exista «un mecanismo urbanístico diferente» y proponía una modificación puntual de la Ley del Suelo de la CAPV de 2006, «para garantizar la sostenibilidad del suelo, estableciendo un nuevo mecanismo de ajuste automático de la oferta urbanística excesiva para devolver a su situación anterior el suelo urbanizable no desarrollado durante la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana».
Criterio desfavorable
El Consejo de Gobierno Vasco manifestó el pasado mes de marzo su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley de EH Bildu, al considerar que la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006 tiene «instrumentos suficientes para garantizar la iniciativa pública en el ejercicio de su capacidad de planificación, gestión y ejecución del planeamiento urbano».
Además, señalaba que los ayuntamientos «disponen de varias alternativas para desarrollar sus planeamientos urbanos en lo que respecta al suelo urbanizable» y recordaba que «los poderes públicos pueden llevar a efecto su venta forzosa o proceder a la ejecución del planeamiento mediante la adjudicación de un programa de edificación a un agente promotor, así como al sistema de concertación».
En el pleno, el parlamentario de EH Bildu Unai Fernánez de Betoño ha considerado «llamativo» que el criterio del Gobierno sea negativo, ya que ha insistido en que las herramientas actuales «no son suficientes» para evitar la especulación, y ha defendido que su propuesta es «profesional y garantista» y busca «poner un extra, otro mecanismo», por lo que «no se vulneraría» la norma actual.
Además, ha explicado que plantean que esta modificación se aplique en los pueblos y ciudades de más de 20.000 habitantes porque consideran que el mercado de la vivienda es diferente en los pueblos pequeños y ha precisado que no se plantea para todas las nuevas ordenaciones urbanísticas, sino solo cuando se colonizan nuevos suelos. «Lo que se necesita es una herramienta nueva para hacer frente a la especulación», ha reclamado.
La parlamentaria del PSE María Jesús San José ha utilizado el turno en contra de la propuesta para defender que la Ley de Suelo y Urbanismo «ya establece los mecanismos para solucionar» los problemas que plantea EH Bildu sobre la especulación del suelo y ha detallado el contenido de la norma.
También ha criticado que EH Bildu hable de «ayuntamientos pequeños, que no tienen músculo económico suficiente» cuando la proposición de ley se propone para municipios de más de 20.000 habitantes. «La Ley del Suelo y Urbanismo tiene instrumentos suficientes para garantizar la iniciativa pública en el ejercicio de su potestad de planificación, gestión y ejecución», ha insistido.
Explicación de voto
En el turno de explicación de voto, la parlamentaria del PNV Elena Lete ha afirmado que «la ley ya prevé la necesidad planteada por EH Bildu» por lo que la iniciativa presentada «sería muy poco efectiva». También ha destacado que su grupo comparte muchos criterios de la propuesta «porque están ya interiorizados en la propia ley de suelo, y aunque hayan pasado 17 años desde la aprobación de dicha ley, las bases y los principios son actuales y no han caducado». «Todo esto ya está regulado», ha reiterado.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha explicado que su grupo está «de acuerdo con la intención y con el objetivo» de la proposición de ley, pero «en cuanto al mecanismo» planteado por EH Bildu ha señalado que tienen «dudas». «Tenemos dudas razonables con la reclasificación automática de suelo urbanizable a no urbanizable por el mero hecho del paso del tiempo», ha señalado antes de defender que «no respetaría la autonomía local» y «podría acarrear, viendo la legislación básica, recursos de inconstitucionalidad».
La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha rechazado esta iniciativa señalando que «desde el principio del texto, en la justificación ya se hace una valoración tendenciosa de los motivos de los retrasos en el desarrollo de las planificaciones urbanísticas», cuando «la realidad es que son un proceso complejo, que puede llevar años en completarse». «Establecer una fecha de caducidad para estos procesos podría generar un escenario de una gran incertidumbre para los promotores y las empresas involucradas», ha advertido.
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.