El Gobierno valenciano ha solicitado a la Junta Electoral de la Provincia de Valencia que archive la reclamación presentada por el Partido Popular por la aprobación, en el pleno del Consell del pasado viernes, de una declaración institucional sobre la violencia de género. «Aún en funciones, este Consell no va a mirar hacia otro lado a la hora de defender y de proteger a las víctimas de la violencia machista», sostiene el escrito de alegaciones presentado por Presidencia de la Generalitat.
El PP ha llevado a la Junta Electoral la aprobación del documento, ya que, a su juicio, «sirvió para atacar» a esta formación y a Vox a raíz de la firma de su acuerdo de gobierno. En la reclamación, el PP solicita además que se incoe un expediente sancionador contra la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, que fue la encargada de ofrecer la rueda de prensa posterior al pleno.
Por su parte, la Generalitat ha alegado contra esta reclamación recalcando que «la declaración institucional realizada por el Consell va dirigida fundamentalmente a garantizar la integridad de las mujeres que han visto como su garantía de protección se ha puesto en duda con diferentes declaraciones y hechos que se han producido dentro del debate público y político en la Comunitat Valenciana».
«Aún en funciones, --subraya el escrito consultado por Europa Press-- este Consell no va a mirar hacia otro lado a la hora de defender y de proteger a las víctimas de la violencia machista. Una defensa en la que estamos todos inmersos pero que ahora el PP, entre otros, está poniendo en duda en documentos e iniciativas políticas, como evidencia entre otras cosas el registro de esta reclamación. Ese es el motivo por el cual, como respuesta a una actuación que invisibiliza y que ataca a las víctimas de violencia de género, este Consell activó esa declaración durante su reunión del pasado 22 de junio».
En la misma línea, subrayan que «existe, sin ninguna duda, una responsabilidad institucional de proteger a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista». «Y este Consell en ningún caso va a evitar esa responsabilidad», insiste el escrito, que recuerda que en España en los últimos 20 años han sido asesinadas 1.206 mujeres, 149 de ellas en la Comunitat Valenciana.
«La declaración institucional era, por tanto, un instrumento para lanzar un mensaje a la ciudadanía en relación a los derechos y protección de las mujeres víctimas de violencia machista y para reafirmar su seguridad jurídica. Aún en funciones, este Consell no puede tolerar ni amparar ninguna acción venga de donde venga que suponga dar ni un paso atrás en la defensa de las víctimas de la violencia de género, una determinación contra la violencia machista que en este momento parecen no compartir dos fuerzas políticas con representación en les Corts Valencianes», añaden.
Por otro lado, recuerdan que la Junta Electoral Central establece como permitidas las campañas informativas necesarias para el interés público. Aquí aseveran que tanto la declaración institucional como los tuits de la cuenta de la Generalitat «no responden sino al desarrollo de las competencias administrativas que tiene atribuidas» esta institución «en el normal desenvolvimiento de su actividad pública y administrativa».
"obligación de los poderes públicos"
«Y ello porque es una obligación de los poderes públicos proteger la vida de las mujeres. Esas cuentas habitualmente informan de la acción periódica del Consell y de los acuerdos que se toman en sus reuniones. Así se hizo, también en esta ocasión, con absoluta normalidad», abundan.
Y manifiestan: "La declaración institucional denunciada por el Partido Popular no refleja logros ni promesas, ni forma parte de la campaña electoral, ni es una petición de voto. Únicamente va dirigida a que las mujeres que sufren esa lacra tengan un mejor conocimiento del ordenamiento jurídico y vean garantizada su protección, informando
por tanto a la ciudadanía sobre la actividad ordinaria de la administración en relación con la protección de las mismas, siendo este un derecho que tiene reconocido a través de las obligaciones de publicidad y transparencia de la administración, no habiéndose quebrantado además el artículo 50.2 LOREG".
Por todo ello, el Consell pide el archivo de la denuncia y que no sea incoado expediente sancionador contra Aitana Mas por «no haber existido infracción alguna».