La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha destacado los «resultados positivos» que ha logrado el modelo vasco de Justicia Juvenil y ha detallado que, «si bien es difícil cuantificar los resultados debido a que se trata de personas y no solo números», el último estudio sobre el nivel de reincidencia realizado para el periodo 2018-2021 sitúa la tasa un 13%, «evidenciando una disminución significativa del 4,5% respecto al período 2015-2018».
Melgosa ha inaugurado este lunes en San Sebastián el Curso de Verano de la UPV/EHU 'Adolescencia y problemas de conducta: las personas menores ante la Justicia«, donde ha señalado que la evaluación del Plan de Justicia Juvenil 2020-2024 »revela una estabilidad en las infracciones cometidas por menores, así como en expedientes, sentencias y medidas".
Según ha detallado, la mayoría son delitos de lesiones, hurtos o violencia de género, y «casi la mitad se resuelven con programas de conciliación y reparación». En los casos de sentencias condenatorias, la mayoría «son de conformidad entre las partes».
«Las medidas de libertad vigilada han desbancado a las prestaciones en beneficio de la comunidad, las cuales han quedado en segundo lugar, y en tercer lugar los internamientos semiabiertos», ha precisado.
Además, Melgosa ha señalado que los programas de conciliación y reparación permiten a los jóvenes «enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y reparar el daño hecho, ofreciéndoles la oportunidad de aprender de sus errores, responsabilizarse y rectificar». «Esto también fomenta la empatía y el respeto por las demás personas, fundamental para prevenir futuros comportamientos delictivos», ha destacado.
Según los estudios del Gobierno Vasco sobre el perfil psicosocial de las personas menores infractoras, la mayoría de los menores infractores son chicos (81%), nacidos en Euskadi o en otra Comunidad del Estado (entre el 64% y el 71%).
Melgosa ha enfatizado que «el sistema de Justicia Juvenil no es suficiente para resolver problemas estructurales» y, por tanto, «es fundamental abordarlos mucho antes de manera preventiva».
Atención parental
Además, ha apuntado que «más del 40% de las personas menores infractoras carecen de atención parental y más del 20% no cuenta con un control parental mínimo». Además, entre el 28% y el 31% no están escolarizadas.
Para la consejera, «la prevención de factores de riesgo también debe ser abordada desde las familias, las escuelas y los programas de salud mental». Así, ha alertado del alto porcentaje de estudiantes con «síntomas graves de depresión y el uso y abuso de drogas en la etapa adolescente, así como el impacto de sustancias como el cannabis en el desarrollo de trastornos mentales».
Respecto al consumo de sustancias tóxicas, más de la mitad consume de forma habitual y casi el 60% carece de ocio organizado. «La adolescencia es una etapa crucial en la vida de las personas, llena de energías y peligros. Es fundamental abordar los problemas de conducta y los conflictos que pueden experimentar, tanto los que llevan a situaciones de conflicto con la ley como los trastornos de conducta graves que acarrean situaciones de desprotección», ha afirmado.
Nerea Melgosa ha recordado que el sistema de justicia juvenil penal se encomienda al Gobierno Vasco y el sistema de protección de menores a las diputaciones forales. Los centros de protección de menores deben atender en instalaciones separadas situaciones diferentes, como el maltrato, la desatención o la marginación, así como el tratamiento terapéutico y educativo de menores con trastorno de conducta.
Finalmente, ha reconocido la «labor meritoria y apasionante» de quienes trabajan en los equipos psicosociales, en justicia juvenil y en centros de protección. «Los equipos profesionales se involucran directamente con los menores, comprendiéndolos y brindándoles acompañamiento en su proceso de crecimiento y cambio positivo», ha concluido.