El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero ha trasladado al juez que investiga dos residencias de ancianos por los fallecidos en la primera ola del Covid que el 90% de los residentes que murieron entre marzo y abril de 2020 lo hizo en el propio centro como consecuencia de la aplicación de los protocolos que daban instrucciones para no derivar a hospitales.
«Solo el 10% falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió y es algo absolutamente anormal», ha subrayado el expolítico al concluir la comparecencia, que apenas ha durado unos quince minutos.
Durante las declaraciones, el juez ha advertido a las acusaciones particulares y al fiscal que se centraran en los dos casos concretos investigados en este procedimiento al no tratarse de una «causa general» sobre la situación de las residencias en la región.
Reyero ha acudido esta mañana a los juzgados para declarar en relación a lo ocurrido en la residencia privada Amavir de Arganzuela y en la pública Adolfo Suárez, en donde se registraron unas 70 muertes en el inicio de la pandemia.
En esta causa, el juez investiga a las directoras de estas dos residencias, así como a dos doctoras a instancias de dos querellas interpuestas por familiares de fallecidos a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (PLADIGMARE).
Miembros de esta plataforma y querellantes se han congregado a las puertas de los juzgados y han pedido Justicia. El presidente de Pladigmare, Miguel Sánchez, ha señalado a Europa Press que aparte de no trasladar a los residentes a los hospitales no se les atendía en la Atención Primaria conforme a las órdenes dadas por la Comunidad de Madrid.
En su declaración, Reyero ha sido interrogado sobre el papel de los geriatras de los hospitales, dado que eran los encargados de autorizar los traslados, y sobre el funcionamiento concreto de los mencionados protocolos.
A preguntas de los abogados, ha expuesto ante el instructor que «en las residencias se cuida y no se cura». «Esos protocolos suponían que unas personas con unas determinadas características no tuvieran esa posibilidad de recibir asistencia hospitalaria», ha dicho en declaraciones a los medios.
El magistrado tenía previsto interrogar el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, pero no lo ha hecho al no ser notificado debido a que reside en Andorra. En su caso, el abogado de los querellantes, el letrado Andrés Ollero, estudia solicitar al juez que Mur declare cuando sea citado en calidad de investigado al ser el cargo que firmó los protocolos.
También ha sido interrogada durante unos minutos la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, exalto cargo que dimitió en mayo de 2020 al oponerse a que la región solicitara entonces pasar a la fase 1 de la desescalada. Fuentes se ha limitado a señalar que su Dirección General recibió los protocolos.
El abogado de Amavir Araganzuela, el letrado Jesús Mandri, ha señalado que esta residencia cumplió los protocolos dictados, sin posibilidad de hacer lo contrario.
En este caso, ha dicho, el traslado fue autorizado por el hospital, siendo la familia la que se negó a que se hiciera efectivo. Sin embargo, familiares de fallecidos en este centro le han replicado que no les consultaban ni les dejaban ponerse al teléfono.
Sin responsabilidades políticas
A su llegada a los juzgados, el exconsejero madrileño ha reiterado que «los protocolos existieron, se aplicaron y tuvieron consecuencias», haciendo alusión a un informe de una revista internacional de epidemiología que apunta a que más gente murió en las residencias de la Comunidad de Madrid que en el resto de comunidades.
«Y la única razón que se puede explicar es por la existencia de esos protocolos que realmente lo que limitaban era el traslado de personas con unos criterios de dependencia a los hospitales y que las personas que tenían dolencias realmente graves pues no tuvieran la oportunidad de salvarse en un hospital», ha reseñado.
Según ha dicho, «los protocolos lo que establecían era unos geriatras de referencia y eran los que tenían que autorizar que esas personas pudieran ser trasladadas» a los hospitales.
Al igual que en otras ocasiones, ha señalado que estos residentes quedaron «a la suerte de los medios que tenía cada una de las residencias» y que «había residencias que tenían más medios pero había residencias que prácticamente no tenían medios, ni siquiera tenían ni médico ni enfermero».
En cuanto a posibles responsabilidades más arriba de las propias residencias, ha recalcado que «desgraciadamente» no se han depurado las responsabilidades políticas.
«En este caso, en la Asamblea de Madrid desgraciadamente bloquearon la existencia de una comisión de investigación. Yo creo que es algo que tiene que decidir el juez, yo no voy a decirle al juez lo que tiene que hacer y es el que tiene que decidir si hay unas responsabilidades por arriba. Evidentemente, en el caso de la Asamblea de Madrid, no hay ninguna responsabilidad», ha afeado.
él entendió los protocolos como "directriz política"
Seguidamente, ha incidido en que él entendió los protocolos como «una directriz política, que señalaba determinadas cosas y que nunca debieron haber existido». «Los traslados se deberían haber producido en función de la situación clínica de cada uno de los pacientes, no en función de una directriz en la que decían que personas con un determinado nivel de discapacidad o dependencia pues quedaban excluidos de su traslado a los hospitales», ha reprochado.
Reyero ya compareció el pasado 23 de marzo ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid en el marco de una querella de Mareas de Residencias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y otros exconsejeros madrileños por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.
El pasado marzo, el exconsejero subrayó que las personas que ocupaban las residencias «quedaron abandonadas a su suerte» durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.
Según su relato, estas directrices fueron «de exclusión» y en virtud de ellos «se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad». «Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas», recalcó el exconsejero.