El exfuncionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Juan Saura ha reclamado este martes, durante su intervención ante la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz sobre la Proposición de Ley de Regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana, concebir este Parque Nacional y su entorno agrícola como «una política de Estado», que ha concretado en que «los dos gobiernos (Junta y Estado) deben trabajar al unísono», convencido de que, más allá de los regadíos, «hay que poner luces más largas» ante otro reto como es el cambio climático.
Tras describir su condición de funcionario durante 48 años, jubilado desde hace seis, así como su formación de Doctor Ingeniero de Caminos, Saura ha defendido que «la forma más sencilla de traer agua a Doñana es del Guadiana», una petición que ha sustentado sobre el Tratado de Albufeira de 1998 entre España y Portugal, del que ha demandado «reciprocidad» para que «Huelva tenga derecho hasta un máximo», mientras que ha esgrimido la existencia del embalse del Alqueva, en el Alentejo portugués, desde el que se podría suministrar el agua de la que ha indicado «sería con aguas que proceden de España» y ha señalado que «le estamos dando miles de hectómetros cúbicos a Portugal».
Saura ha reconocido la contribución del Plan Especial de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD) de 2014 «para poner límite a los regadíos» ante «unos acuíferos sobreexplotados», «un buen trabajo donde poner orden donde no había», mientras que ha advertido que pese a las distintas infraestructuras y trasvase de recursos hacia Doñana se conseguiría reducir la presión sobre el acuífero de unas 5.000 hectáreas de regadíos menos, de manera que habría otras 13.000 hectáreas que seguirían nutriéndose de ese acuífero.
Sobre la hipotética repercusión que tendría el reconocimiento de unas 800 hectáreas en la Corona Forestal de Doñana como zona de regadío, a partir de la Proposición de Ley que promueven PP y Vox, ha cifrado su impacto en el consumo de agua en «cinco hectómetros cúbicos», mientras que ha abogado, sobre «los casos sangrantes de injusticia» de terrenos que en 2014 no fueron calificados como agrícolas, por que «se puede hacer un filtro hectárea a hectárea e incorporarlas», un ejercicio que ha pedido hacerlo «de mano del Estado».
«Agua puede haber, será para dotar el acuífero, garantizar lo que hay», ha sostenido ante un eventual incremento de las hectáreas de regadío que reclama PP y Vox con su iniciativa, antes de reiterar que «hace falta un trabajo de equipo entre las dos administraciones», aunque ha reconocido que esos 5 hectómetros cúbicos necesarios para las futuras hectáreas de regadío «están en el aire, no están amparados por el Plan Hidrológico» de la Confederación del Guadalquivir.
En su turno de respuesta a los grupos, Juan Saura ha afirmado, ante la cuestión de si era asesor de la Comunidad de Regantes, que «no cobro de nadie ni soy asesor de nadie», afirmación a la que ha sumado que «no estoy comprado por nadie, no me debo a ningun partido político».
«Si las dos administraciones no se ponen de acuerdo difícilmente se va a llegar a una solución», ha proclamado.
La funcionaria ana warleta
Previamente ha comparecido también en la comisión la jefa de oficina de Ordenación del Territorio en Huelva, Ana Warleta, que al inicio de su intervención ha aclarado que es funcionaria de la Junta desde el año 1999, y que realmente acudía al Parlamento «más en calidad» de su experiencia como jefa del Servicio de Gestión del Medio Natural en la Delegación de Medio Ambiente de Huelva entre septiembre de 2009 y agosto del pasado año 2022.
Ana Warleta ha centrado su comparecencia en torno al Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), que «vio la luz en diciembre de 2014» con una «nueva clasificación de suelos agrícolas» pero que, al igual que su cartografía, «contenía no pocos errores», según ha advertido antes de indicar también que la aplicación de dicho plan «conllevaba un problema de agua y de utilización del terreno».
Joaquín regidor moreno
El funcionario Joaquín Regidor Moreno ha comparecido para aportar su visión sobre esta proposición de ley desde una «triple dimensión», por su experiencia como «funcionario durante 40 años» en la Administración andaluza, así como por su etapa de concejal de Agricultura en Lucena del Puerto entre los años 1987 y 1995 con el PSOE, y como «afectado» junto a su familia por la regulación emanada del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado en el año 2014.
Joaquín Regidor ha criticado que dicha regulación se realizó con «el único criterio» de una fotografía realizada «en junio del 2014» que se convirtió en una «espada de Damocles» que a él y «a otros muchos» agricultores lo han «hundido».
Ante ello, ha defendido como «un acto de valentía» la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para «intentar reconocer esas situaciones anómalas que se han producido» en el marco de dicha regulación de forma «injusta», y ha valorado que esta iniciativa «puede ser un camino y un instrumento para dar solución a parte» del problema.
Además, ha considerado que es una «falacia» hablar de «agricultores legales e ilegales», porque son «todos legales», al menos en Lucena, según ha abundado, si bien «una parte de la superficie» de la que disponen «no está legalizada» porque no se beneficiaron de aquella foto de 2014, según ha apostillado.
Finalmente, este exconcejal y agricultor también ha rechazado por «falso» el «discurso» de que «Doñana se cae» como consecuencia de la regulación de unas 700 hectáreas de regadíos que se pretende con esta iniciativa, y al respecto ha sostenido que el espacio natural «tiene una serie de problemas, pero indudablemente no pendula sobre las parcelas, por ejemplo, de Lucena, que están a unos 30 kilómetros» del parque natural, según ha remarcado.
Posteriormente, el agricultor Joaquín Regidor García, hijo de Joaquín Regidor Moreno, quien se ha presentado como ingeniero agrícola de formación y quien con 24 años empezó a gestionar dos hectáreas que eran propiedad de su abuelo en Huelva, ha explicado sobre los efectos del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD) de 2014, que excluyó a una serie de suelos en su calificación como agrícolas, que «en 2014 me sentía incluido».
En 2018 recibió dos cartas con dos expedientes sancionadores que en marzo de 2019 se convirtieron en dos sanciones de 50.000 euros cada una por «un delito muy grave contra el medioambiente» y en mayo de 2021 abandonó las parcelas tras una visita del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, que certificó el abandono de la explotación.
Desde junio de 2021 tiene una finca de 3 hectáreas en Cartaya (Huelva), «a 50 kilómetros de donde vivo», se ha lamentado del corte que impuso la foto área de 2004 para determinar qué suelos eran agrícolas o no, ha sostenido que «no hay dos bandos de agricultores» y ha pedido «justicia, reparación y paz» y que «se posibilite recuperrar las tierras de nuestros antepasados».
Regidor García ha expresado que «espero que esta Proposición de Ley se haga realidad» tras esgrimir que «es la última esperanza que tenemos los agricultores del Condado» para que «nos reconozcan la antigüedad de nuestras tierras».