La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha decidido mantener su petición de ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por la pieza D del caso Imelsa relativa al Call center, al tiempo que pide cuatro años y medio de cárcel para el exgerente de la extinta empresa pública Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'.
De esta forma, el fiscal encargado de este procedimiento ha elevado a definitivas sus conclusiones en esta pieza de Imelsa, en la que junto a Rus y Benavent hay otras cinco personas acusadas.
Para Rus y Benavent mantiene su petición de pena inicial, pero la rebaja para el exsuegro de Benavent Mariano López, para quien reclama finalmente siete años y tres meses de cárcel y no los 13 que solicitaba en su escrito de calificación provisional al mantener delitos pero rebajarlos a su grado mínimo.
Además, el fiscal rebaja la pena para la mujer de López y su cuñada por el delito de blanqueo de capitales, para las que pide tres años de prisión y no los cinco que reclamaba al inicio. También ha dejado fuera de su calificación al dueño de Servimun, Fernando Palomares, al haberse sobreseído la causa contra él por grave enfermedad.
Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado. A los otros encausados en esta pieza se les atribuye delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales.
El fiscal, durante la exposición de su informe de conclusiones, ha desgranado el «amaño» en el Call center y ha asegurado que Rus tuvo una participación «nuclear» en las actuaciones. También ha enumerado las irregularidades en los pliegos redactados y en la propia adjudicación del servicio de mano de los acusados Salvador Deusa --exjefe de la Diputación de Valencia-- y Ricardo de Ángel --exjefe del servicio de Gestión Tributaria--.
El ministerio público, tras negar cualquier tipo de nulidad en este procedimiento y resaltar la validez y uso de los correos electrónicos intervenidos en la causa, ha manifestado que este asunto se originó tras unas declaraciones efectuadas por Benavent ante la Guardia Civil y el juez, quien hizo una «radiografía muy extensa» del procedimiento para el amaño del contrato público de gestión tributaria de servicios, el Call center.
En ese momento, Benavent --que durante unos años estuvo colaborando con la Fiscalía aunque luego cambió la estrategia y lo negó todo-- aseguró que el contrato del Call center a la empresa Servimun SL era un «regalo» o «favor» de Rus a López porque era amigo suyo y éste «no iba muy allá de dinero».
Estas manifestaciones como punto de partida «tuvieron posteriormente una comprobación», ha explicado el fiscal, con lo que se ha podido ver el amaño, en el que, en su opinión, Rus tuvo una participación «nuclear» como presidente de la Diputación y de Imelsa y por haber podido decidir suprimir el servicio ante las irregularidades presentadas, «algo que no hizo». «El que domina de pleno todo el procedimiento es Rus», ha apostillado.
Así, Rus «participó activamente desde el inicio, con la encomienda de gestión», que fue declarada nula de pleno derecho. Además, el fiscal ha resaltado la amistad que mantiene el expresidente con López y con el propio Deusa. Respecto a Benavent, ha subrayado que sabía el desvío del dinero público con el contrato y lo consintió.
Una vez «se puso en marcha la maquinaria» del contrato, se empezaron a elaborar los pliegos administrativos y técnicos por Deusa y Ricardo de Ángel y seguidamente Deusa, «también íntimo amigo de Mariano López», elaboró un informe sobre la necesidad de contratación. Así, «nos juntamos los amigos para favorecer al amigo: Deusa, Rus y Ricardo de Ángel para favorecer a López», ha reiterado.
El objetivo de los pliegos elaborados y de la confección de la mesa de contratación era que «la propia mesa no decidiera absolutamente nada», ha dicho. «Los pliegos tenían muchas deficiencias que son fundamentales para dar la adjudicación. Se van manejando criterios a elección y no todas las empresas se encuentran en igualdad de condiciones», ha señalado.
Además, la solvencia técnica y profesional de Servimun fue posteriormente calificada por el propio Deusa, «qué curioso», ha ironizado el fiscal. Luego se otorgó la mayor puntuación a esta mercantil «como no podía ser de otra manera».
Así, el fiscal ha subrayado que el proceso de contratación «no fue transparente». «No puede ser que una persona que elabore los pliegos y la valoración, también esté en la mesa de contratación. Era imposible que no hubiese sido seleccionada otra empresa que no fuera la de su amigo, Mariano López», ha dicho.
Una vez adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria, Servimun, «solo puso a las teleoperadoras, pero para eso no hacía falta gastar 30.000 euros mensuales. Todo lo demás lo hicieron los técnicos de la Diputación o de Imelsa. Servimun carecía de medios materiales, técnicos y personales», ha expuesto.
De esta forma, la mercantil tampoco realizó mejoras establecidas en los pliegos, tal y como se comprometió al inicio: «De las 14 mejoras que dijo que iba a hacer, no cumplió ni una. Ni ampliación de horario de sábados, soporte técnico permanente o aplicación informática propia», ha enumerado. «Y Servimun actuó así porque sabía que nadie le iba a controlar», ha apostillado. «Era un castillo de naipes organizado para sustraer el dinero público», ha resumido el fiscal, quien ha lamentado que en este procedimiento se hayan tirado 845.000 euros a la alcantarilla. «Nos hemos gastado un dinero que no sirve para nada», ha apostillado.