ELA y LAB han puesto fin a la huelga del personal de Justicia que mantenían desde el pasado 17 de abril tras ratificar en asambleas el acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco para la equiparación salarial de más de 2.500 trabajadores con el resto de funcionarios de la Administración General de Euskadi, lo que supone un incremento retributivo del 13%.
En un comunicado, ELA, sindicato con mayor representación en el ámbito de la Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca, ha afirmado que el apoyo del colectivo a la huelga «ha sido clave para lograr el objetivo que el Gobierno Vasco se ha negado a cumplir en la última década».
Las tres asambleas celebradas este miércoles en los Palacios de Justicia de Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz han ratificado el principio de acuerdo alcanzado ayer entre el comité de huelga de ELA y LAB, y el Departamento de Igualdad y Justicia.
Mediante este acuerdo, se ha logrado la equiparación de todo el personal, más de 2.500 trabajadores de la Administración de Justicia transferido al Gobierno Vasco, mediante la aplicación de las tablas retributivas de la Administración General, lo que supone un incremento salarial de un 13%.
Además, se respetará la modalidad de jornada del personal de Justicia «con todas sus especificidades, incluidos los días que resultan del exceso de jornada». El abono del 50% de las cantidades por el Ejecutuvo se hará efectivo con la firma oficial del acuerdo y el otro 50% el 1 de enero de 2024, momento en el cual se vería alcanzada la equiparación salarial.
El Gobierno Vasco también reconoce un plus salarial para los trabajadores en los Juzgados de Violencia contra la Mujer. El acuerdo recoge, asimismo, que el complemento de Carrera Profesional queda al margen de la presente negociación y que éste se negociará con posterioridad.
Por su parte, CCOO Justicia ha anunciado que continuará su huelga contra el Ministerio en Euskadi hasta lograr que se cumplan sus reivindicaciones, que consisten en el incremento retributivo en el complemento general del puesto, el compromiso de la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa antes de su implantación, el inicio de la negociación de la carrera profesional, y el reconocimiento de las funciones y tareas que «realmente» realizan los funcionarios de Justicia.