El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha citado a declarar como testigos a la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, y a Enrique López Ventura, en calidad de director general de Emergencias del Consistorio madrileño, en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid contra una empresa por la venta de un lote de mascarillas defectuosas.
En concreto, la estafa de unos 1,2 millones de euros se denunció el pasado mes de julio por parte de la Policía Municipal de Madrid tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos. La causa se dirige contra la empresa Sinclair and Wilde y su reapertura se produjo como consecuencia del informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022 se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra.
En este marco, el titular del juzgado, el magistrado Jorge Bartolomé, ha fijado la declaración como testigo de Elena Collado para el próximo 13 de julio a las 10 horas, mientras que Enrique López, quien figura como
denunciante en la documentación que obra en autos y manifestó que las mascarillas habían sido analizadas por personal responsable, pero sin especificar el mismo, tendrá que acudir el 20 de julio a las 10,30 horas.
Ese día también se ha citado al intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, Jesús María García, que firmó el atestado previo a la denuncia por parte del Ayuntamiento, así como al agente de este cuerpo autor del mismo.
El pasado mes de abril, la Policía Judicial informó al juez de la identificación de un posible autor de la presunta estafa en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño.
Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.
En cambio, el juez rechaza la petición de la acusación particular, ejercida por Podemos y Más Madrid, para citar como investigada a Araceli Vida, empresaria que supuestamente hizo de intermediara en esa operación. "Hasta la fecha únicamente existen indicios de delito en la actuación de la persona que contrata con el Ayuntamiento, que percibe el pago, y se encarga de remitir la mercancía fallida, pero no en relación a cualquier
persona que pudo llevar a cabo previas labores de intermediación", aclara el magistrado sobre la empresaria.
También rechaza llamar como tesigo a Carlos Fernández Pita, familiar directo del segundo teniente de alcalde y presidente del Pleno, Borja Fanjul.
En su escrito, el magistrado aclara que el presente proceso "se limita a investigar el posible engaño del que habría sido víctima el responsable
del Ayuntamiento de Madrid encargado de la compra de las mascarillas« para subrayar que »no es objeto« del mismo »la fiscalización de la actuación del Ayuntamiento en todo éste proceso".
"Al haberse personado como acusaciones tanto partidos políticos, como grupos municipales de la oposición del actual gobierno municipal, resulta tentador para estas acusaciones populares, ejercer la acusación no ya del
investigado, sino de quien ejerce la acusación particular, lo cual es insólito en un proceso judicial", alega.
Informe policial
El sumario de la causa contra Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».
Al parecer, el juez abrió unas diligencias pero el pasado 19 de julio procedió a su archivo ante la falta de autor conocido ante el paradero desconocido del dueño de la citada consultora.
El consejo de administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2.
La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que tras varias incidencias, las mascarillas llegaron «algunas semanas más tarde» y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.
Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante Juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.