El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado este martes que la autorización ambiental emitida por la Junta de Andalucía sobre el macroproyecto turístico en Trebujena (Cádiz) «está supeditada» a la pronunciación de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que tiene las competencias en materia de aguas en este caso.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha asegurado que tras «tres solicitudes» para que la Conferencia se pronunciase a ese respecto, la Junta optó por emitir este informe «favorable en el resto de ámbitos que incluye la autorización ambiental».
En esa línea, ha explicado que las autorizaciones ambientales dependen de la emisión de «multitud de informes sectoriales», que son los que condicionan la autorización final. «En función de la demarcación hidrográfica, una administración u otra es la competente y, en el caso que nos ocupa, en materia de aguas, es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo tanto la junta se ciñe a los que es su competencia», ha añadido.
Fernández-Pacheco ha dejado claro que, «si la Confederación dijera en materia de aguas que el proyecto es inviable, la autorización ambiental decaería» y ha considerado «poco riguroso» que se haya acusado a la Junta de dar una autorización que «tendrá consecuencias hídricas» para Doñana, en alusión a las críticas vertidas este martes por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha denunciado esta situación.
«Entiendo que nos encontramos en un periodo electoral en el que la excitación del momento lleva a hacer interpretaciones por parte de algunos responsables políticos poco rigurosas», ha manifestado el portavoz andaluz, señalando de nuevo que la Junta ha otorgado un informe ambiental, «supeditado al informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», lo que ofrece una «posibilidad real y absoluta» de que si en materia de aguas la administración competente emite en sentido negativo, «implicaría la negatividad de todo el informe ambiental».
Además, ha expuesto que la información que recaban los técnicos de la Junta respecto a los informes sectoriales es «positiva» por lo que, ante el retraso de pronunciamiento de la CHG, la administración andaluza podía «esperar y que esa tramitación se eternice» o emitir su resolución.