La Agència Catalana del Consum ha abierto 353 expedientes sancionadores a grandes tenedores por no ofrecer alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión social desde enero.
Esta cifra significa un incremento del 509% respecto a todo 2022, y la Agència ha realizado otras 458 actuaciones inspectoras en el transcurso de este año, un 459% más, informa la Generalitat en un comunicado este jueves.
El Govern ha explicado este aumento por el Programa que impulsó la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat para «reforzar y garantizar la protección de las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional».
Roger torrent
El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha celebrado los datos y ha recordado que el Govern continuará «trabajando para proteger y garantizar el alquiler social».
El programa ha permitido la incorporación de 19 profesionales dedicados a velar por el cumplimiento de la Ley 1/2022 para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda.