El sindicato ELA ha convocado nuevas huelgas en el sector de residencias de Bizkaia, del 10 al 25 de mayo, en demanda del convenio, una decisión que ha sido apoyada por unanimidad en las asamblea de delegadas del sindicato celebrada este miércoles.
Representantes de ELA en el sector como Iratxe Viejo, Ander Akarregi, o Maribi Ardanza han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la sede de ELA, el día que concluye la última de las 13 huelgas convocadas en abril en el sector.
Con motivo de este último día de paro, las empleadas de las residencias han realizado una asamblea y han mostrado su intención de continuar con las movilizaciones, tras 52 días de huelga desde su inicio. Por ello, volverán a la huelga, del 10 al próximo 25 de mayo, una decisión que es un «reflejo del hartazgo de la plantilla» ante la postura patronal.
La de ELA no será la única huelga convocada en el sector de residencias de Bizkaia, ya que, por su parte, LAB tiene planteados paros del 15 al 20 de mayo, mientras que CCOO, tras las huelgas del 13 y 14 de abril, ha llamado a otras para los días 22, 23 y 24 de mayo y 12, 13, 14, 15 y 16 de junio.
En la comparecencia convocada por ELA, las delegadas han explicado que, tras más de dos años sin convenio y más de 50 días de huelga, ni las patronales del sector ni la Diputación Foral de Bizkaia han
realizado propuestas que «acaben con unas condiciones laborales que imposibilitan a las trabajadoras del sector llegar a fin de mes y permitan dar pasos reales para acabar con una discriminación superior al 40% respecto a sus compañeras de las residencias municipales y forales no privatizadas».
Por ello, las trabajadoras de las residencias de Bizkaia han manifestado que «no van a parar» y seguirán «en lucha» hasta que tanto las tres patronales del sector (GESCA, LARES y ELBE) como la
Diputación foral de Bizkaia garanticen en el convenio sectorial cuestiones «tan básicas como son la estabilidad en el empleo».
En concreto, han reclamado jornadas a tiempo completo porque cuatro de cada diez trabajadoras tienen un contrato parcial actualmente, y la mitad de estos contratos no alcanzan la media jornada. Junto a ello, demandan la sustitución de trabajadoras desde el primer día, la reducción de jornada a mayores de 60 años, así como un incremento
salarial que posibilite «llegar a fin de mes y de pasos reales en la equiparación con las compañeras del ámbito de cuidado no privatizados».
Según han explicado, desde octubre de 2021 las patronales «no han llamado» y dan «la callada» como respuesta. Los representantes de ELA han recordado que las trabajadoras llevan dos años de congelación salarial y, aunque las empresas alegan que han subido las tarifas a los usuarios para poder incrementar los sueldos, es «mentira» y solo «buscan ganar dinero».
En este sentido, han asegurado que los cuidados en Bizkaia se han convertido en «un negocio» y esa subida de las tarifas «no ha revertido ni un solo céntimo» en las trabajadoras. A su juicio, hay un «problema de fondo» que «nace cuando la Diputación es cómplice de la privatización y de hace negocio a costa de los cuidados» porque más del 90% de las residencias de Bizkaia son privadas, cuando, según han defendido, se debería dar una publificación de estos servicios.
Asimismo, se han dirigido al Gobierno Vasco y han denunciado que en este conflicto su única función ha sido la de «favorecer los intereses de la patronal e invisibilizar y neutralizar la lucha de estas mujeres, con la ampliación de los servicios mínimos que imposibilitaban el derecho de huelga a más del 80 del sector».
Por ello, han pedido al Gobierno vasco «menos campañas de autobombo» para acabar con la brecha salarial y más actuaciones «reales» para solucionar un conflicto laboral de un sector «tan feminizado y precarizado como las residencias».
Desde ELA han señalado que no están pidiendo al Ejecutivo vasco una mediación sino que «no interfiera en el conflicto» a favor de la patronal. En este sentido, han criticado que la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, defienda que el 8 de marzo sea festivo mientras establece unos servicios mínimos que «imposibilitan que estas mujeres puedan defender sus derechos».