El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada y la investigación paralela abierta en el departamento que dirigía la exvicepresidenta de la Generalitat ha decidido prorrogar durante seis meses más la instrucción, a contabilizar desde el próximo 30 de abril.
Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, en el que da respuesta a la petición de la acusación particular --la víctima de los abusos--, así como de la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Gobierna-TE y Vox, solicitudes ante las que había presentado alegaciones en contra la propia Oltra.
La exvicepresidenta alegaba que no concurre ninguno de los requisitos fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no se concreta la existencia de diligencia de investigación pendiente de practicar y la relevancia de las mismas, todo ello sin perjuicio de la práctica de las ya acordadas, que no precisan de resolución.
Además, señaló que la «larga» y «excesiva» duración de la investigación, así como la naturaleza secreta de diversas diligencias constituyen, «cuando menos», anomalías procesales «que deben mantenerse con criterio restrictivo». De lo contrario, agregó, «se corre el riesgo de profundizar en una dinámica de causa general y de naturaleza prospectiva atentatoria de derechos fundamentales».
Sin embargo, el magistrado considera que en este caso «no es posible culminar la investigación dentro del plazo» establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y subraya que quedan pendientes «distintas diligencias de declaración de testigos».
Piezas secretas
Además, el juez recuerda la existencia de dos piezas secretas, «cuya prórroga se va acordando mensualmente», y ha apuntado que dos de las personas investigadas «han interesado prestar declaración cuando se levante el secreto parcial de las actuaciones».
En cualquier caso, el magistrado dice compartir el interés en «la más pronta finalización de la fase de investigación de la causa», pero subraya que las diligencias pendientes y las que se puedan derivar de las mismas para «el adecuado ejercicio de los derechos constitucionales» exige «la prórroga de la investigación».
Por último, argumenta que la «dilación» del proceso se debe a «la complejidad» de las diligencias y a que las mismas «deben sustanciarse en piezas separadas y secretas». No obstante, sostiene que toda esta situación «en modo alguno implica que se esté procediendo a una suerte de inquisición general» y defiende que todas las diligencias «se circunscriben al objeto de la investigación y se orientan al esclarecimiento de los hechos investigados».