El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha insistido en su inocencia y ha asegurado que todas las acusaciones vertidas contra él en el caso Imelsa son una «pantomima»: «Aquí si no vienen contra mí, es aburrido, entonces claro, tienen que venir», ha dicho.
Rus se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de entrar a la Ciudad de la Justicia de València, donde desde este martes se le juzga por la pieza del 'Call center' del caso Imelsa.
Por este procedimento, Rus se enfrenta a una pena, tal y como reclama provisionalmente el ministerio fiscal, de ocho años de prisión por los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Hace algo más de un mes que se enfrentó a otro juicio de Imelsa, el de la pieza de los 'zombies', y todavía no hay sentencia al respecto.
A su llegada a los juzgados, preguntado por cómo afrontaba el juicio, ha indicado que «todo lo que se está diciendo es mentira» y ha asegurado que «todo» es una «pantomima» contra su persona. «Por los demás no lo sé», ha aclarado.
Al respecto, ha señalado sobre la pieza del 'Call center' que «nunca» se ha hecho nada vía digital y ha subrayado que el trabajo se ha desarrollado. «Lo explicaré en el juicio para que lo sepan», ha enfatizado.
Interpelado por qué se adjudicó el contrato del 'Call center' a una empresa de Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', Rus ha señalado que «Mariano no tenía ninguna empresa, no sabía si Mariano o Mariana. No sé a quién se le da, pero había cinco empresas y se lo quedó una, la más barata. Y ninguna empresa ha reclamado nada», ha puntualizado.
Interpelado por si se cumplió el contrato, ha señalado que lo desconoce: «Con 3.600 personas no podía saber si se hacía bien o se hacía mal, si era perfecto o no. Eso lo tenían que ver los consejeros delegados y los técnicos. Esto es una locura, es una barbaridad», ha dicho.
"tienda de campaña"
Momentos antes de Rus ha llegado a los juzgados Marcos Benavent quien, en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que hace un mes estaba aquí --en referencia a la Ciudad de la Justicia, donde se juzgó la pieza de los 'zombies'-- «y ahora otra vez». «Al final nos tendremos que poner aquí una tienda de campaña. Pero bueno, bien, al lío», ha aseverado.
En este procedimiento --la pieza D--, cuyo juicio se prolongará hasta el 5 de junio, están acusados Rus, Benavent, su exsuegro Mariano López y otras cinco personas más.
Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.
Los otros seis acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.
Los hechos
Según mantiene la Fiscalía, los hechos se remontan a junio de 2012, cuando el exsuegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa --Servimun S.L.-- un contrato público de gestión tributaria de servicios.
El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López.
En este proceso, Benavent, «conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación», no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección «como estaba ordenado y convenido por Rus con López».
En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación, según Fiscalía.
Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición «totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa», puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.
Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del exsuegro de Benavent.
Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue «defectuoso» y «fracasado» desde un principio. Se pagó por trabajos no hechos.
En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la «farsa» de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la «inutilidad» del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.
Mariano López creó una empresa, Técnicas Legales Administrativas S.L., para hacerse con el dinero procedente de la contrata «simulando una relación contractual de la empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado, disfrutando del mismo sin que apareciera como titular ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas».
La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, de los que se beneficiaron tanto Mariano López, como las también acusadas Vicenta y María Concepción Torregrosa.
Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.