El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo, ha explicado que la reciente reforma de las pensiones acordada por su sindicato y UGT con el Gobierno central las garantizará tanto a los nacidos en el baby boom, como a las actuales generaciones de jóvenes.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en Zaragoza en una reunión, junto al secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, con los delgados sindicales para explicar el acuerdo, en la sede del sindicato.
Según ha detallado, el nuevo sistema supone «un cambio de paradigma» frente a la reforma diseñada en 2013 por un Gobierno del PP, «la primera desde 1995 que se hacía sin acuerdo», donde «la idea era proteger menos porque había que proteger a más gente». Eso significaba, «además pedir un esfuerzo mucho mayor a las personas más jóvenes», que el sistema que éstos iban a heredar estaría «mucho más debilitado».
Frente a este modelo, a través de un «paquete de acuerdos» alcanzados en 2021, 2022 y 2023, se ha vuelto «a la senda de lo que habíamos estado negociando entre el 1995 y 2011» para que el sistema de la Seguridad Social pueda «mantener una protección comparable a las futuras generaciones».
«No se trata solo de salvar a los 'baby boomers'», ha enfatizado, sino a los jóvenes de ahora. En este sentido, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha detallado que las generaciones del baby boom van a entrar en el sistema «en los próximos años», alcanzándose alrededor de 2050 «la punta» máxima de ese acceso «y por eso hay que sostenerlo hasta ese momento», a partir del cual «se equilibrará por sí solo».
Actuar en los ingresos
Carlos Bravo ha expuesto que, para lograrlo, el último acuerdo consiste en actuar sobre la estructura de ingresos. Por un lado, en los de origen presupuestario, «perfeccionando la separación de fuentes de financiación, haciendo que las cotizaciones a la Seguridad Social sólo sirvan para pagar prestaciones económicas, para nada más, todo el resto de cuestiones se asumirá desde el presupuesto del Estado, que ya financia hoy un 25 por ciento del presupuesto de Seguridad Social y seguirá siendo así de manera creciente en el futuro».
Por otro, se han «reforzado» los ingresos «vía cotizaciones a la Seguridad Social», de manera que se producen dos transferencias de renta «muy relevantes», una de los excedentes empresariales hacia las rentas del trabajo --«el incremento de cotizaciones que se va a producir va a recaer fundamentalmente en las empresas», ha anotado Bravo--; y otra de las rentas más altas a las personas más vulnerables, «haciendo que coticen por ingresos reales quien más dinero gana» y mejorando las pensiones mínimas, contribuyendo también «a reducir la brecha de género entre hombres y mujeres, que sigue siendo muy relevante todavía» en el ámbito de las pensiones.
Ha añadido que para aplicar estas medidas se han fijado «periodos transitorios muy largos». El secretario confederal de CCOO ha recordado que el acuerdo de 2023 se ha centrado en el refuerzo de los ingresos vía cotizaciones, que se complementa con los dos anteriores, uno de ellos, el de 2021, en el se derogó la reforma del PP para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con la revalorización con el IPC y garantizar las pensiones de los jóvenes al derogar el factor de sostenibilidad «que recaía fundamentalmente sobre ellos».
El otro, alcanzado en 2022, se refiere a la cotización por ingresos reales en el mundo del trabajo autónomo, «las cotizaciones de quien trabaja para sí mismo». Ha subrayado que los dos primeros fueron suscritos por la patronal, algo que no ha ocurrido en 2023, cuando «esta reforma es hermana de las otras dos y no se puede pactar el incremento de gastos, sin pactar el incremento de ingresos. Ahí donde echamos en falta que los empresarios hubieran estado en este momento encima de la mesa».
No es razonable
A su entender, «no es razonable pactar el incremento de gasto, pactar el incremento de ingresos, cuando recae en el trabajo autónomo, pero cuando recae en las cotizaciones empresariales, entonces, me quito de en medio; eso no parece que sea muy coherente».
Ha abundado al señalar que las cotizaciones adicionales que se les piden a las empresas «son muy manejables» porque «estamos hablando de un incremento de un 38 por ciento en los próximos 28 años, a razón de un 1,2 por ciento anual y una cotización adicional de solidaridad para los que supere la base máxima de cotización en el plazo de 20 años hasta alcanzar un porcentaje de entre el 5,5 y 7 por ciento».
Bravo ha incidido que son cuantías perfectamente «asumibles en el ámbito de las cuentas resultado de las empresas» y «no se puede pretender es que todo esto se financia sólo con transferencias presupuestarias» puesto que las cotizaciones de la Seguridad Social «son la principal fuente de financiación del sistema y lo van a seguir siendo», aunque se requiera de otras fuentes de financiación, como ya ocurre, con esa aportación de un 25 por ciento del presupuesto de la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado «que pagamos entre todos».
Además, ha esgrimido que las cotizaciones empresariales o las de los trabajadores con mayores ingresos «son un gasto deducible en la declaración de la renta o el impuesto de sociedades» por lo que una parte de ese coste «lo van a recuperar a través de sus declaraciones fiscales».
Por todo esto, ha concluido, «no es razonable la posición empresarial» y ha opinado que tiene más que ver «con los tiempos, con que no se quiere dar en este momento un nuevo acuerdo al Gobierno».
En este punto, el secretario general de CCOO Aragón ha dicho que de los 20 millones de cotizantes que hay en España, alrededor de un millón son los que van a tener ese incremento «moderado» por algo «que no están cotizando en este momento porque está topada la base máxima».
Ha agregado que la mayoría de las empresas que se van a ver afectadas por el incremento de costes serán de tamaño grandes, y no pymes, como esgrime la CEOE, a la que ha achacado que funciona «más como lobby que como defensa del sistema económico general o de todas las empresas en general».
Garantía de futuro
Carlos Bravo ha apuntado que las reformas que se han pactado «son las que han permanecido en el tiempo» y ésta lo es, con una mayoría parlamentaria «que lo ha sustentado» por lo que ha confiado en que sea perdurable, a pesar de no contar con el acuerdo de la patronal. En este punto, ha reconocido: «Siempre es mejor el consenso, pero los consensos tienen que tener un punto de coherencia».
También ha advertido de que si alguien quiere modificarla, tendrá que plantear alternativas, «cosa que hasta ahora no ha ocurrido» y tener en cuenta que los fondos europeos «están vinculados a esta reforma» y por eso «ha sido también hablaba con la Comisión Europea».
Por otra parte, ha instado a poner en marcha la reforma porque aún ha cuestiones pendientes que se tienen que desarrollar, como un reglamento para las personas que tienen trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, «que hay que terminar de definir» para lo que esta tarde se celebra una reunión en Madrid.
Asimismo, «tenemos un emplazamiento para regular la extensión de la jubilación parcial al conjunto de los colectivos del país antes del 30 de junio» y el Gobierno «no ha movido ficha todavía y ya han pasado tres semanas desde que hemos firmado el acuerdo».
Por eso, «hay que poner en marcha esa mesa de negociación inmediatamente para culminar esa última parte de los acuerdos que hemos alcanzado en los meses que tenemos por delante».