La secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, ha registrado este miércoles un documento para adoptar un nuevo acuerdo que deje sin efecto la suspensión de derechos y deberes de Laura Borràs como presidenta del Parlament en julio de 2022, en aplicación del artículo 25.4 del reglamento, porque la sentencia «descarta explícitamente la corrupción».
Así lo ha explicado en rueda de prensa acompañada por el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenara a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El artículo 25.4 del reglamento de la Cámara, por el que se suspendió a Borràs, prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción.
Tras concretar que el ordenamiento jurídico español no contempla un delito específico de corrupción, Cuevillas ha asegurado que, en el Código Penal español, el equivalente sería el cohecho y que existen diversas resoluciones internacionales que enfatizan que «para que haya corrupción debe haber lucro personal, del propio corrupto».
«Siempre que hay corrupción hay un perjuicio para las arcas públicas y se pide una indemnización, al margen de la condena penal», ha precisado el también abogado.
Por ello, Madaula ha defendido que, ante la sentencia de Borràs, se le debería revocar la suspensión de derechos y deberes porque «ha quedado claro que no ha habido perjuicio para la administración ni lucro personal».
Pese a todo, ha reiterado que no dan credibilidad al fallo porque consideran que es consecuencia «de una persecución política y de 'lawfare'».
Objeto de recurso
Tras acusar a la Mesa de aplicar el artículo 25.4 del reglamento a Borràs en base a «criterios políticos y no jurídicos», Cuevillas no alberga esperanza de que su posición cambie ante la propuesta registrada por Junts, y ha avisado de que la decisión que tomen puede ser objeto de recurso.
«La esperanza en este tipo de procesos no debería entrar. Debería entrar la legalidad y la defensa de los derechos, no la trituradora de los derechos», ha sostenido Madaula, que junto a Cuevillas ha expresado su esperanza de que la sentencia sea anulada.
Críticas al psc
Sobre la proposición de ley del PSC para introducir en el reglamento del Parlament un mecanismo de destitución del cargo a los miembros de la Mesa y de las mesas de las comisiones, la secretaria segunda de la Mesa sospecha que, con ella, se hace «una persecución 'ad personam' para eliminar a Borràs de la presidencia del Parlament».
Además de acusar a los socialistas de haber provocado la interinidad en el Parlament al haber apoyado la aplicación del artículo 25.4, les ha reprochado que se acojan a la necesidad de acabar con esta situación «cuando no defendieron las instituciones catalanas aprobando el 155».
Madaula, que dos semanas atrás planteó la posibilidad de dejar vacante la presidencia del Parlament, ha evitado este miércoles reiterarlo, y ha asegurado que se remite a lo expresado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, de que «solo» reconocen a Borràs como presidenta del Parlament y del partido y que seguirán defendiendo sus derechos e inocencia hasta lograr su absolución.
Al preguntársele si el documento registrado tiene el aval de la dirección del partido, no lo ha concretado pero sí ha asegurado que cuenta con el aval de Turull, de Borràs y del presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet.
«Turull reiteró que, a todos los efectos, la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs y no hubo ninguna voz discrepante», ha zanjado Cuevillas.