El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 23 de marzo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara autonómica inste al Gobierno andaluz a «retirar la Orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios».
Se trata de la primera reivindicación de esta PNL relativa a dicha orden de la Consejería de Salud y Consumo que entró en vigor tras su publicación, el pasado 2 de marzo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y que centra el contenido de esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press.
El PSOE-A también quiere con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a «elaborar una nueva orden con la participación real y efectiva de ciudadanía, asociaciones de pacientes y usuarios y representantes sindicales para recabar 'la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma'» acerca de una serie de cuestiones.
En concreto, y de cara a dicha nueva orden que reclama, el Grupo Socialista plantea que la Junta recabe de dichos colectivos su opinión sobre «los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma» y «las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias».
De igual modo, el PSOE-A pedirá con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a que, «en la elaboración de esa nueva orden», se contemplen aspectos como «la eliminación en su texto» de una serie de posibilidades.
En concreto, la PNL socialista plantea que la nueva orden de la Junta descarte «concertar actividad alguna en Atención Primaria, en cualquier circunstancia», así como que «las entidades privadas realicen la actividad concertada en centros sanitarios públicos» y «concertar servicios sanitarios con centros sanitarios privados de comunidades limítrofes».
Asimismo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste a la Junta a que en la elaboración de la nueva orden se contemple «la inclusión expresa en su texto de la asunción de los costes de las complicaciones de los actos asistenciales que realicen los centros concertados sin límite de tiempo», así como «la inclusión expresa en su texto de un número mínimo de consultas de revisión tras una intervención quirúrgica, en función de los protocolos existentes en el SAS o de la evidencia científica».
Igualmente, la iniciativa socialista plantea que la Junta retire en el texto de la nueva orden que quiere que elabore «la posibilidad de realizar conciertos por disponibilidad y por actividad asistencial en un mismo centro», así como que incluya en el mismo la «prohibición expresa» de que «las entidades privadas, con las que se concierta la actividad asistencial, tengan acceso a la historia clínica del paciente», y la de «concertar actividad asistencial con profesionales sanitarios sin título homologado en España, como recoge la legislación estatal».
"gran convulsión social" por la orden de tarifas
En la exposición de motivos de esta PNL, el Grupo Socialista subraya que el contenido de la citada orden publicada a principios de marzo en el BOJA originó el pasado mes de febrero, tras difundirse a través de los medios de comunicación, «una gran convulsión social por el impacto potencial de esta normativa en la sanidad pública andaluza, acelerando su privatización y posibilitando conciertos privados en áreas inéditas, vitales y estratégicas del sistema sanitario».
Desde el PSOE-A alertan en esta iniciativa de que el texto de dicha orden «contempla la posibilidad de concertar con entidades privadas las consultas médicas de Atención Primaria, incluyendo una tarifa de 65 euros por consulta», algo que «no se ha planteado nunca en Andalucía, ni en el resto de comunidades autónomas», según remarca el Grupo Socialista, que en esta PNL sostiene que «esta posibilidad, que abre la puerta a la privatización de la Atención Primaria, quebranta este modelo de atención y supone una amenaza a la supervivencia y sostenibilidad de la sanidad pública andaluza».
Critican también los socialistas en su iniciativa que «la nueva orden también contempla la posibilidad de que las entidades privadas realicen la actividad concertada en centros sanitarios públicos y que se pueda concertar servicios sanitarios con entidades privadas de otras comunidades autónomas», medidas ambas que, según censuran, «suponen un avance en la privatización de la sanidad pública andaluza».
Además --continúa la exposición de motivos de la PNL-- «la nueva orden incluye novedades que benefician de forma inapropiada a las entidades privadas, como son que el hospital privado concertado no asuma los costes de las complicaciones de los actos quirúrgicos que realice o que el número de consultas de revisión tras una intervención quirúrgica quede a criterio del centro concertado».
«Esto, además de trasladar los costes de las complicaciones a la sanidad pública, no incentiva al hospital concertado a garantizar estándares de calidad y tasas de éxito adecuadas», sostiene el PSOE-A en su iniciativa, en la que también tacha como «muy preocupante» la «autorización a las entidades privadas de acceso a las historias clínicas de los pacientes», algo que «hace necesario un estudio en detalle de la normativa europea a la que se hace referencia en el texto de la Orden, por su posible vulneración de los derechos de la ciudadanía con esta medida».
El PSOE-A critica también en la exposición de motivos de su PNL que «la nueva Orden elimina los plazos de garantías de inicio de la atención por parte del centro concertado que figuraban» en una orden de 1998, lo que «anula este derecho a la ciudadanía y genera una posición de ventaja para la privada respecto a los centros asistenciales públicos», así como considera «de especial gravedad» que desde la Junta se elimine «la obligatoriedad de inscribir al paciente en el Registro Oficial del SSPA» --el Sistema Sanitario Público de Andalucía--, con lo que «se cercena cualquier posibilidad de garantía para el paciente y de poder auditar la actividad concertada».
Además, el PSOE-A denuncia que «la nueva orden autoriza que los profesionales sanitarios pueden ejercer sin el título homologado en nuestro país», según se puede leer en la PNL socialista, que critica también que «en la elaboración de la orden no se ha posibilitado que los profesionales, pacientes y ciudadanía puedan tener una participación real y afectiva», pese a ser «una norma de esta trascendencia, en la que se destroza el modelo de Atención Primaria y en la que se abre la puerta a la privatización de la sanidad pública andaluza».
Finalmente, el PSOE-A recuerda en esta iniciativa que la Junta publicó el pasado 9 de marzo una «corrección» de la orden en el BOJA «ante la presión social generada» en la que «se especifica que los conciertos con la privada solo se realizarán 'en aquellas situaciones en las que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales con mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias'».
Esta «corrección», según concluye el PSOE-A, «ratifica la intención de concertar las consultas médicas de Atención Primaria con empresas privadas y deja la puerta abierta a esta vía en cualquier momento que la Administración andaluza considere 'periodos coyunturales de mayor demanda'».