El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha mostrado este sábado su preocupación por el hecho de que el exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, vaya a ser el ponente que evalúe en nombre de este órgano
jurídico-constitucional la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Andalucía contra el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
«Supone un ataque de extrema gravedad al estado de derecho y a la seguridad jurídica que se ponga a un socialista en el Tribunal Constitucional para resolver un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno del PSOE», ha dicho Sanz a los periodistas.
En su opinión, ahora se entiende por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía «tantísimo interés en poder controlar el TC y nombrar a gente de su extrema confianza, es decir, para el uso partidista del más alto tribunal».
Para Sanz, este hecho genera una «desconfianza absoluta y es una ataque de extrema gravedad al estado de derecho y a la seguridad jurídica», así como un «auténtico escándalo político sin precedentes». «El problema de Campo es que es un árbitro que es parte, es juez y parte, y tiene intereses concretos en defender al PSOE, como lo ha hecho», ha añadido.
«Un árbitro que ha trabajado para Sánchez y el PSOE no puede ser quién decida sobre un recurso de Andalucía contra el Gobierno del PSOE», ha insistido Sanz, para quien «Andalucía no se merece un nuevo ataque el Gobierno ni esta inseguridad jurídica y ataque al estado de derecho que representa esta decisión» sobre Campo.