La Policía Nacional ha localizado e informado de sus derechos a 43 trabajadoras sexuales tras inspeccionar cinco viviendas y tres clubes de alterne de Bilbao y Getxo, en Bizkaia, con el objetivo de prevenir la trata de seres humanos y la prostitución coactiva.
Según ha informado la Delegación de Gobierno en el País Vasco, en los cinco pisos se localizaron a 18 trabajadoras sexuales, mientras que en los tres clubes de alterne se identificó a 12 camareros y otras 25 trabajadoras sexuales.
Ante una posible victimización, la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Bilbao mantuvo entrevistas reservadas con todas las mujeres, con el objetivo de detectar indicios de explotación sexual e informarles de los derechos con que cuentan en tal caso.
El operativo tuvo lugar a principios de mes, con el fin de prevenir y, en su caso, «detectar, asistir y proteger» a posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de cualquier otro delito derivado de estas actividades, como la prostitución coactiva.
Como resultado de las inspecciones derivadas de esta operación, los investigadores localizaron a 25 mujeres ejerciendo la prostitución y a otras 12 personas realizando tareas de hostelería en tres clubes de alterne de Bilbao y Getxo.
Igualmente, en el marco de este operativo también se inspeccionaron cinco viviendas de las mismas localidades, utilizadas como casas de citas, y en las que se halló a 18 trabajadoras sexuales.
Información sobre sus derechos
Ante la posible victimización que pudieran estar sufriendo, los agentes especializados en la materia, preferentemente mujeres, les informaron de los derechos que les asisten en caso de ser víctimas de explotación sexual; entre los que se encuentran poder contar con asistencia jurídica gratuita si carecen de recursos económicos suficientes, sin perjuicio del asesoramiento jurídico que a todas las víctimas ofrecen las organizaciones y entidades especializadas en la asistencias a víctimas de trata.
Igualmente, y entre otros muchos derechos, también se les explicó la posibilidad, en caso de que se traten de víctimas extranjeras en situación irregular, de acogerse a un periodo de restablecimiento y reflexión y de la opción de obtener la residencia y trabajo o el retorno asistido a sus países si colaboran con los investigadores, así como de ser derivadas a algún recurso asistencial de alojamiento facilitado por la Administración autonómica o local.