La Guardia Civil ha investigado a 40 personas físicas y empresas, por 41 construcciones ilegales en suelo rústico en la localidad de Utrera (Sevilla).
Según la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comenzó a finales de 2022 una serie de inspecciones sobre una parcelación ilegal, formada por 41 subparcelas en suelo rústico, coordinando actuaciones con el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Utrera, dado que dicha parcelación está ubicada en dicho municipio.
Una vez analizadas las actuaciones, inicialmente fueron detectadas infracciones administrativas contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, siendo éstas remitidas al Ayuntamiento de Utrera, continuando la investigación, a su vez, con la instrucción de las oportunas diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, al realizar actos de urbanización, edificación y construcciones en suelo rústico no urbanizable, careciendo de licencias y proyectos, siendo estos actos además no legalizables ni compatibles con las normas urbanísticas aplicables.
La dificultad del trabajo derivó del alto número de subparcelas inspeccionadas y de la dificultad de la localización de los implicados, obstaculizada por los propios interesados, al no facilitar datos ni documentación relativa a la titularidad de los terrenos, teniendo que ampliar los agentes las actuaciones a los distintos registros de urbanismo, de la propiedad, el catastro o el registro mercantil.
Las actuaciones han derivado en la investigación de 40 personas, tanto físicas como empresas promotoras y constructoras relacionadas con los hechos.
El uso de este suelo es agrícola y no residencial, por lo que las zonas donde antes existían huertas de árboles frutales, cultivos y olivares, se están convirtiendo de manera ilegal en zonas residenciales sin la debida autorización.
Esto acarrea un uso excesivo y descontrolado de las aguas subterráneas para abastecer dichas parcelaciones ilegales, resultando una situación análoga con los vertidos que se producen y por las aguas residuales que se generan en las nuevas construcciones ilegales, al ser zonas que carecen de los servicios básicos, entre otros, el de alcantarillado.