La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no ha aceptado las recomendaciones del Síndic de Greuges, Ángel Luna, de resolver los expedientes de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) de forma favorable una vez excedido el plazo máximo legal de seis meses, lo que implica que «se está denegando la ayuda a las personas solicitantes que sí cumplían con los requisitos cuando la solicitaron y durante el plazo máximo que tenía la Conselleria para resolver», señala el defensor.
Sin embargo, señala que debido a la «inadmisible demora» por parte de la administración, cuando finalmente resuelve --«a veces con más de un año de retraso»-- si el ciudadano se encuentra trabajando «queda excluido de la aprobación de esta prestación, sin posibilidad de recibir la ayuda correspondiente a los meses en que sí cumplía los requisitos».
El Síndic ha cerrado la queja de oficio que abrió el pasado mes de octubre al considerar que denegar la renta valenciana de inclusión (RVI) a personas que, durante un corto periodo de tiempo, han estado trabajando no solo es una «injusticia» sino que podía «vulnerar sus derechos» y, además, desincentiva la búsqueda de empleo por el miedo a la denegación de la prestación.
Luna señala que Igualdad no ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para atender la recomendación de esta institución de solucionar las demoras en la resolución de estas ayudas, unos «importantes retrasos» que son el origen del problema investigado por el defensor.
Plazo legal
A este respecto, el Síndic señala que «lo único que expone la Conselleria es que está trabajando para resolver los expedientes en el plazo legalmente establecido» y declina su petición de aprobar la RVI de estas personas «atendiendo a su falta de ingresos cuando realizó la solicitud, con una suspensión posterior de la prestación si el ciudadano accede a un empleo por tiempo inferior a doce meses, reactivando el alta en la RVI si el beneficiario volviera a la situación de desempleo, como tiene previsto la ley».
Igualdad entiende que, cuando la persona solicitante de la ayuda se encuentra trabajando en el momento en el que se dicta la resolución, «esta no puede acceder a la renta valenciana en sus modalidades de garantía» y argumenta la Conselleria «que solo podría tener derecho a la modalidad de renta complementaria del trabajo, lo que resulta inviable puesto que dicha modalidad no ha sido aún implementada».
El defensor del pueblo entiende que la posición de la Conselleria «no respeta el mandato de la ley de creación de la RVI, impidiendo a personas vulnerables acceder a prestaciones básicas por el tiempo en que no disponen de ingreso alguno».