La Comunitat Valenciana registró 56 agresiones a médicos en 2022, un 12 por ciento más que el año anterior. De ellas, 25 se han registrado en la provincia de Valencia, 12 en Castellón y 19 en Alicante, según los datos de los respectivos Colegios de Médicos. La cifra supone un aumento del 12 por ciento en relación con el año anterior: en Valencia cuatro menos, en Alicante cuatro más pero en Castellónse duplicaron al pasar de seis a 12.
El 60% de los ataques se produjeron en la Atención Primaria, mientras que las médicas sufrieron el 68% de las agresiones, según estos datos. En el conjunto de España se registraron 843 agresiones, un 38% más que en 2021 (612). Los datos se han dado a conocer con motivo de la celebración el 12 de marzo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.
Las organizaciones advierten que las cifras no reflejan la realidad del problema, que es «solo la punta del iceberg de lo que puede estar latente ante la falta de denuncias». En este sentido, indican que no todos los facultativos agredidos notifican el incidente, sobre todo los insultos y amenazas.
En la provincia de Valencia, la cifra de agresiones a médicos vuelve así a los registros prepandemia, ya que es idéntica a las denunciadas en 2017, 2018 y 2019. Además, se sitúa por encima de la media de los últimos 10 años, que se establece en 20 agresiones. Los 29 ataques de 2021 suponen el mayor registro en ese periodo.
De las cifras recogidas por el departamento de Servicios Jurídicos, la mayoría de las agresiones las recibieron mujeres: 17 por ocho de sus compañeros varones. El 60% del global se produjeron en servicios de Atención Primaria mientras que el resto se registraron en hospitales y servicios de urgencias. En la gran mayoría de los casos hubo insultos y vejaciones, en 13, se profirieron, además, amenazas y coacciones y en siete ocasiones hubo lesiones físicas.
En el caso de Alicante, de las 19 denuncias registradas, el COMA alerta del aumento de las agresiones físicas --cinco, frente a una en el año 2021--. Además, diez médicos comunicaron haber sufrido amenazas y coacciones, y hubo otros cuatro casos por insultos. En cuanto a las víctimas, fueron 13 mujeres y seis hombres. La mayoría de los incidentes se produjeron en el sistema público (16 episodios violentos) y, sobre todo, en Atención Primaria.
En el caso de Castellón, las agresiones se duplicaron en 2022, manteniendo el repunte registrado en 2021. De las 12 comunicadas al COMCAS, seis fueron a médicas, una dinámica que se mantiene año tras año. Diez se produjeron en los centros de salud y dos fueron en hospitales. once de las 12 agresiones se dieron en el ámbito de la sanidad pública, todas verbales: insultos, vejaciones, coacciones y amenazas.
Febrero, marzo, agosto y octubre fueron los meses que registraron un mayor número de agresiones (2 por mes) según el registro del COMCAS que también constata que 9 de los 12 agresores fueron menores de 40 años. En todos los casos, los servicios jurídicos del Colegio ofrecieron asesoría gratuita a los colegiados, que pusieron siete denuncias en los juzgados y dos ante la Guardia Civil.
Motivos
El principal motivo por el que se produjeron las agresiones en las tres provincias fue por discrepancias con la atención médica, tiempo en ser atendido, mal funcionamiento del centro, discrepancias personales, informes no acordes con las pretensiones del paciente y no recetar lo que el enfermo exigía.
En el caso de Valencia, el ICOMV se va a personar como acusación popular tras una agresión sufrida por un médico de ejercicio privado. El doctor, que primero sufrió insultos, amenazas y acoso en redes sociales contra él y su familia, fue atacado por una persona que accedió a la consulta de forma inesperada, sin tener cita y, mientras el médico atendía a otro paciente, le agredió en repetidas ocasiones. El agresor fue detenido y tiene interpuesta una orden de alejamiento a la espera de juicio.
Al tratarse de un médico de ejercicio privado, la agresión no se considera atentado contra la autoridad, ya que esta figura del Código Penal se reserva exclusivamente para los funcionarios públicos. El ICOMV subraya que ha reclamado en varias ocasiones que esa figura proteja a todos los médicos, independientemente de dónde ejercen su profesión.
La corporación médica traslada que las cifras expuestas no representan la totalidad de agresiones que se producen, sino solo las que denuncian los facultativos en el Colegio y recuerda a los facultativos que tienen a su disposición los Servicios Jurídicos de la corporación para ofrecerles cobertura jurídica integral, así como la Oficina de Atención Social para prestar atención psicológica en el caso que fuera requerido. Para facilitar estos trámites,también dispone de una plataforma pionera en su página web donde se puede denunciar directamente la agresión sufrida.
El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, el doctor Hermann Schwarz, también ha instado a los colegiados a que denuncien y comuniquen cualquier incidente para poder activar «de forma inmediata» el circuito establecido, poniendo a su disposición los servicios jurídicos del COMA.
«Estos datos son solo las agresiones que se comunican al Colegio, pero ¿cuántas siguen siendo invisibles? Es necesario trabajar en una cultura de tolerancia cero», ha subrayado el presidente, que igualmente ha reclamado la misma consideración jurídica para el delito de atentado en el ámbito público que en el privado.
El COMA han lanzado la campaña #NoAgredas y #NoloConsientas para concienciar a la ciudadanía y a los propios médicos; han diseñado carteles informativos con el marco jurídico que protege a los facultativos y las consecuencias jurídicas para el agresor y el Colegio ha grabado el podcast '¿Cómo podemos frenar las agresiones?' con la intervención del secretario general, el doctor José Manuel Peris, y del interlocutor policial territorial sanitario de la provincia, José del Castillo, y su equipo, donde aportan casos prácticos de prevención y cómo actuar frente a estos episodios violentos.
El Colegio de Castellón reclama la adopción de medidas urgentes
para atajar las agresiones «que rechazamos contundentemente, ya sean físicas o verbales», al tiempo que pide a la administración campañas de sensibilización ciudadana y que aumente las medidas de seguridad.