El Parlament ha aprobado este martes la proposición de ley del PSC-Units de cambio de adscripción comarcal y de vegueria de los municipios de Biosca y Torà (Lleida), con lo que dejarán de formar parte de la comarca de la Segarra y se agregarán a la del Solsonès, pasando a formar parte de la veguería de la Catalunya Central, en vez de la de Lleida.
La proposición ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el de Vox, que se ha abstenido.
La iniciativa prevé que la incorporación en la comarca del Solsonès se haga efectiva después de las elecciones municipales, siempre que el cambio sea ratificado por el pleno de ambos ayuntamientos «con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, para garantizar que la voluntad de los municipios afectados sigue siendo la del cambio de adscripción comarcal de acuerdo con los diferentes acuerdos de los plenarios de 2010, 2015 y 2018».
Así lo han acordado los grupos de PSC-Units y Junts en una enmienda transaccional, que ha prosperado con sus votos, mientras que las enmiendas de ERC y la CUP en que pedían someter el cambio a una consulta popular en los municipios afectados, no se han aprobado.
«El Parlament no puede mirar más hacia otro lado ni demorar cuatro años más la voluntad de estos pueblos», ha sostenido la diputada de Junts Anna Feliu, tras asegurar que la petición no es una ocurrencia de estos ayuntamientos y que será decisión de los alcaldes plantear si quieren celebrar una consulta si lo consideran necesario.
El diputado del PSC-Units Òscar Ordeig ha lamentado que haya tenido que pasar 12 años para que la cuestión se apruebe en el Parlament, asegurando que ha habido intereses para retrasarlo y dejando la puerta abierta a los alcaldes en caso de que quieran celebrar una consulta para ratificarlo.
Desde ERC, la diputada Montserrat Fornells ha defendido su enmienda para que el cambio se someta a consulta popular en los municipios afectados, y pese a asegurar que no se oponen a la modificación, ha lamentado que en toda esta cuestión ha primado «más el juego partidista de algunos».
La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha criticado la tramitación por lectura única de la proposición porque no permite que haya comparecencias y porque, a su juicio, se quiere evitar que se explique que hay «una demanda compartida de someter a ratificación popular el cambio», y atribuye la iniciativa de los socialistas a que hay municipales en mayo.
Pese a admitir que les hubiera gustado una consulta sobre el cambio de adscripción, el diputado de los comuns Lucas Ferro ha criticado el discurso de los republicanos porque, en sus palabras, hace 13 años que se bloquea esta posibilidad: «Vuestra petición de una consulta es para tapar vuestras vergüenzas ante el menosprecio que habéis tenido hacia estos municipios».
VOX, PP Y Cs
El diputado de Vox Andrés Bello considera que el problema está en que existan 41 consejos comarcales en Catalunya porque son administraciones «innecesarias, con funciones escasas y poco delimitadas y se solapan en numerosas ocasiones con las funciones de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, además de ser muy caros y sirven como oficinas de colocación» de los partidos.
Desde Cs, el diputado Joan Garcia también ha apostado por reducir los niveles administrativos de Catalunya, pero ha argumentado el voto a favor de su grupo a la iniciativa teniendo en cuenta que así lo reclaman ambos ayuntamientos y porque consideran que no se pueden oponer «a una voluntad que sirve para mejorar la vida de los ciudadanos».
Tampoco se oponen a ello desde el PP, donde el diputado Daniel Serrano ha defendido que la proposición de ley se ajusta a la legalidad y que se trata de una reivindicación histórica de Biosca y Torà: «No creemos que ahora se pretenda justificar que no procede este cambio porque es imprescindible una consulta popular. Ha habido tiempo para proponerlo en los últimos 13 años».