El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a defender las competencias sobre autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal que consagra el Título VIII de la Constitución Española, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y sus leyes de desarrollo ante las actuaciones impulsadas por el Gobierno de la Nación «de limitar o vaciar de contenido» las disposiciones legales que han permitido bajar los impuestos a los andaluces.
El Parlamento también ha considerado «muy negativo» para Andalucía el actual sistema de financiación autonómica, al generar un «desequilibrio en el reparto de los recursos del que nuestra comunidad resulta especialmente perjudicada junto con la Comunidad Valenciana y Murcia», y ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central que apruebe de manera inmediata un fondo transitorio de nivelación que compense la financiación de las comunidades autónomas que quedan por debajo de la media en términos de habitante ajustado, mientras se configura un nuevo modelo de financiación.
Se ha instado además a la Junta que plantee al Ejecutivo nacional que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de manera urgente y multilateral la reforma del sistema de financiación autonómica. Este punto ha contado con el apoyo del
PSOE-A, que ha rechazado los otros dos.
Vox se ha abstenido en la iniciativa, mientras que Por Andalucía la ha rechazado.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha señalado que la Junta, haciendo uso las competencias autonómicas en materia de autonomía y corresponsabilidad fiscal que otorga el Título VIII de la Constitución, la Lofca y sus normas de desarrollo, ha venido aplicando desde el año 2019 una reforma fiscal para converger con las comunidades más prósperas y con el régimen fiscal que se aplica en los países de la UE, reduciendo los impuestos de la renta a los trabajadores, autónomos y pensionistas, los que gravan el ahorro, y la imposición sobre el tráfico mercantil que afecta tanto a empresas como a familias.
Dicha reforma, según ha apuntado, ha mejorado la competitividad fiscal de Andalucía, y ha generado prosperidad y nuevos recursos, al propiciar el aumento de nuevos contribuyentes, y aumentar la recaudación.
Sin embargo, según ha criticado, mientras Andalucía utilizaba sus legítimas competencias para bajar impuestos, desde el Gobierno de la nación del PSOE y Unidas Podemos, se han venido lanzando «mensajes sonda sobre la idoneidad de recentralización o limitación de competencias tributarias autonómicas».
Tras la decisión de la Junta de eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía, según Venzal, el Gobierno central «ha reaccionado de forma exagerada, contundente y desleal», hasta el punto de «activar la configuración de nuevos tributos que sirvan para limitar o vaciar de contenido las competencias autonómicas».
En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Gaspar Llanes ha criticado que el PP-A niega «dos verdades como puños» como que «el Presupuesto andaluz de 2023 ha tenido el mayor aumento de toda su historia respecto a 2018», de más de 10.000 millones de euros, y que el PP «realizó el mayor recorte de financiación de toda la historia de Andalucía entre 2012 y 2016, en plena crisis» como la que hay ahora.
El parlamentario socialista ha criticado que los 'populares', «un día sí y otro también, nos echan en cara los recortes que nos impusieron desde el Gobierno de España», mientras «ocultan a los andaluces que el PP en el Gobierno de España le ha salido muy caro a los andaluces», y ha defendido que los 'populares' «deberían estar agradecidos de que el PSOE gobierne en España» ahora, porque si lo hiciera el PP «tendríamos una nueva etapa de recortes y estaríamos en crisis, y no liderando la economía mundial como la estamos liderando», según ha añadido antes de concluir instando al PP a abandonar «la confrontación» contra el Ejecutivo.
La diputada de Vox Cristina Jiménez ha manifestado que el problema de la financiación autonómica es la actual estructura territorial del Estado, que genera «asimetrías» entre las distintas comunidades, que han asumido las competencias de los servicios públicos esenciales. Ha indicado que se perciben claras diferencias entre el nivel de los servicios públicos esenciales de unas comunidades y otras.
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reivindicado el acuerdo que alcanzó el Parlamento con «gran consenso» hace dos legislaturas en torno a la reforma de la financiación autonómica, fruto de un trabajo «muy concienzudo», y ha lamentado que el PP-A «se ha desvinculado de manera unilateral» de algunas cuestiones recogidas en el mismo, como de considerar un «elemento pernicioso» la «competencia fiscal» entre comunidades autónomas, o del principio de que «quienes más tengan más contribuyan al sostenimiento solidario de los servicios públicos».
El portavoz parlamentario del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido en su intervención que «Andalucía está brutalmente infrafinanciada, tiene menos recursos y no se cumple el Estatuto de Autonomía», mientras que ha lamentado que en materia de financiación «van cambiando posiciones PP y PSOE según quien gobierne en Madrid», antes de reprochar al PP que «tuvieron tiempo de cambiarlo» desde 2011 hasta 2016 bajo el Gobierno de Rajoy.