La Guardia Civil investiga a tres personas por el siniestro vial ocurrido el pasado 3 de octubre, en el kilómetro 1,100 de la HU-883, término municipal de Villanueva de Sigena (Huesca) consistente en el desplome del puente de hierro que cruza el río Alcanadre cuando lo atravesaba un transporte especial.
A consecuencia del siniestro el conductor resultó herido y los daños causados a la infraestructura con un valor superior a los 2 millones de euros.
Los tres investigados por presuntos delitos «contra el derecho de los trabajadores» y «daños» son representantes de la empresa de transportes.
Tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de
Atestados del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, se pudo determinar que la causa principal del siniestro fue el paso no autorizado del vehículo articulado por el puente, con un exceso de peso muy superior al permitido.
Del exhaustivo análisis de las circunstancias y factores relacionados con la causalidad del accidente, así como de las condiciones de seguridad y conducción en las que circulaba el vehículo implicado, los especialistas en inspección de transportes del Sector de Tráfico de Aragón, detectaron infracciones graves a la normativa de transportes y a la ley de seguridad vial.
La circulación de este transporte especial por la citada vía, de titularidad autonómica, exigía la tramitación de una autorización complementaria de circulación, que no se había realizado, impidiéndose con ello que el titular de la vía tuviese conocimiento y pudiese emitir el correspondiente informe sobre la viabilidad de su circulación por el puente que quedó desplomado.
Del mismo modo, esto impidió que los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico de la provincia fueran conocedores de su circulación por el citado lugar, y por consiguiente pudiesen
supervisarlo.
Obligación de las empresas
Debido a las características del siniestro, en el que se vio lesionado un trabajador durante el desempeño de su actividad laboral, éste fue catalogado como siniestro laboral de tráfico, observando en la investigación incumplimientos graves a la normativa de riesgos laborales; siendo responsabilidad del empresario, y en especial del Gestor de Transportes de la empresa, el evitar y prevenir este tipo de conductas, así como proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, tal y como señala la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
El pasado 25 de enero se procedió a la investigación del Gestor de Transportes de la empresa transportista como presunto autor de los delitos de daños y contra la seguridad de los trabajadores, así como a la investigación del conductor del vehículo articulado como autor de un presunto delito de daños.
El día 8 de febrero de este año, la Guardia Civil investigó a una tercera persona, tratándose del encargado de la empresa que dirigió los trabajos el día que tuvo lugar el siniestro, como presunto autor de los delitos de daños y contra la seguridad de los trabajadores.
Una vez finalizadas las diligencias estas fueron entregadas este martes 21 de febrero en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, así como a la Fiscalía de Huesca.
Riesgos laborales
La normativa de prevención de riesgos laborales en España obliga a los empresarios a proteger a sus trabajadores de los posibles riesgos de la actividad y su incumplimiento, tanto por acción como por omisión, puede ser constitutivo de delito.
Estos incumplimientos a la citada normativa representan un peligro para los trabajadores y, en el caso de tratarse de un siniestro laboral vial, también un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, siendo una de las prioridades de investigación por parte de los componentes de la Agrupación de Tráfico de Aragón.
Desde el Sector de Tráfico de Aragón se recuerda la importancia que tiene tanto para la seguridad de los propios transportistas, como para la seguridad vial, la observancia de todas aquellas medidas que protejan al conductor de los riesgos expuestos en su actividad y, en especial, de sufrir un siniestro vial.
La inobservancia por el empresario de su obligación en materia de prevención de riesgos laborales, tanto dolosa como imprudente, que ponga en peligro grave la vida o integridad del trabajador, pueden constituir un delito contra los derechos de los trabajadores y otros
delitos relacionados con el resultado acaecido, ha indicado la Guardia Civil en una nota de prensa.