El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía, que cuentan con «todas las garantías» e informes preceptivos necesarios de carácter «positivo».
Así lo ha subrayado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que «es la primera vez que se aprueban en Andalucía universidades privadas con una ley específica, propia, con total transparencia», y no, según ha apostillado, como ocurrió cuando se aprobó la creación de la única universidad privada hasta ahora en la comunidad autónoma, la Loyola, que se hizo en la etapa socialista al frente de la Junta mediante «una modificación de la Ley andaluza de Universidades de una forma un poco extraña», según ha apostillado.
El consejero ha remarcado que los proyectos de las referidas dos nuevas universidades privadas «cuentan con todas las garantías», ya que, desde que sus promotores los presentaron hace tres años, «han ido evolucionando y mejorando, asumiendo las distintas consideraciones y evaluaciones» que se les han ido realizando, de forma que «los informes preceptivos necesarios» que se requieren han llegado «sin ningún tipo de objeción» y «con un carácter positivo a la creación de estas universidades», según ha enfatizado Gómez Villamandos, que en concreto ha citado los informes del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía.
Una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno, ambas normativas se trasladarán ahora al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, tal y como establece el marco legislativo vigente definido por la Ley orgánica de Universidades del Estado y por el Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia.
De acuerdo con estos textos jurídicos, la puesta en marcha de este tipo de propuestas académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley tras el respaldo del Parlamento.
Detalles de las nuevas universidades
La Fundación Universitaria Fernando III El Sabio cursó su petición en abril de 2020 y, según el proyecto de ley, impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial.
Según ha detallado Villamandos, se ubicará en el municipio de Bormujos (Sevilla) y contará con dos centros, la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
Por su parte, el proyecto docente y de investigación de Utamed, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter 'on line' y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho; y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia.
Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones; en concreto, seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado «con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria».
Los dos proyectos de ley, además de regular la estructura de ambas universidades, también contemplan otros aspectos como el procedimiento a seguir para iniciar sus actividades, que deberá realizarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del CAU. Tras su puesta en funcionamiento, deberán solicitar la impartición de las correspondientes enseñanzas, proceso en el que «se velará por asegurar la calidad de los títulos como en el resto del sistema universitario andaluz».
Requisitos y exigencias
Asimismo, el consejero ha incidido en destacar que se incluyen los requisitos de acceso del alumnado, estipulándose que, aunque las dos instituciones son libres de fijar el régimen de ingreso, se deberá atribuir una valoración preferente a los resultados académicos entre los distintos méritos que aleguen los aspirantes.
También se exige un sistema propio de becas y ayudas al estudio, en el que se tendrá en cuenta como criterios de concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del alumnado y para cuya financiación se destinará el 1% de la estimación de ingresos brutos, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades.
Tras superar el trámite parlamentario, ambas iniciativas complementarán la oferta formativa universitaria ya existente en el territorio andaluz, sustentada en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola.
Rechazo a una solicitud y desistimiento de otras dos
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de la orden de la Consejería de Universidad por la que se rechaza iniciar la tramitación como anteproyecto de ley de la solicitud presentada en julio de 2018 por la entidad Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) para implantar en la comunidad la Universidad de la Costa del Sol.
Según dicha orden, la documentación aportada por la entidad promotora no permite acreditar el cumplimiento de algunos de los requisitos mínimos exigibles por la Ley Andaluza de Universidades.
Atendiendo a esos criterios, se concluye que la propuesta no dispone de un proyecto de investigación adecuado y no queda acreditada la disponibilidad de las instalaciones, medios y recursos establecidos para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento.
Igualmente, no se aportan las garantías necesarias para avalar el funcionamiento de dicha institución académica. En el expediente de este proyecto constan, además, los informes desfavorables de la DEVA y del CAU, según ha informado la Junta.
De igual modo, el consejero ha explicado que han concluido los expedientes de reconocimiento de la Universidad Internacional del Mediterráneo (Unimed) y de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (Unilas).
Las entidades promotoras han desistido de continuar adelante, una vez recibidos los informes negativos del Consejo General de Política Universitaria y las observaciones del Gobierno andaluz en las que transmitía la necesidad de mejorar los proyectos.
"apuesta" del gobierno de moreno por la universidad pública
El consejero Gómez Villamandos ha reivindicado la «apuesta» del Gobierno de Juanma Moreno «por la universidad pública», así como ha advertido de que la Junta «no va a financiar estas universidades privadas, sino que va a seguir financiando, como es su obligación, el sistema público universitario» andaluz, que «irá viendo cómo se incrementa su financiación a lo largo de estos años».
Al hilo, ha recordado que desde su consejería se está «trabajando con los rectores» andaluces la articulación del «modelo de financiación que suponga una vía de mejora» de las inversiones de la Junta en las universidades públicas entre los años 2023 y 2027, y ha apuntado que «las conversaciones» para ello «van por buen camino», y «dentro de no mucho» espera poder detallar ese nuevo modelo que sirva para «garantizar la suficiencia financiera de las universidades».