El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para su debate el próximo jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía con la que plantea que la Cámara autonómica exprese «su total rechazo» al Real Decreto sobre el Plan Hidrológico de Tercer Ciclo del Tajo (2022-2027) por considerar «el perjuicio económico, laboral y demográfico a la provincia de Almería» después de plantear que para el criterio seguido para determinar el caudal ecológico en el Tajo «se deberían tener en consideración criterios técnicos y jurídicos, en lugar de políticos e ideológicos».
En la exposición de motivos de la iniciativa del PP, que se retrotrae a los orígenes del trasvase Tajo-Segura, operación que comenzó en 1967 con la obra de ingeniería para llevar agua del río Tajo al río Mundo, afluente del Segura, a través del embalse de Talave y que fue en 1979 cuando por primera vez se hizo ese traspaso de aguas, señala que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de enero de 2023 los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo para el reparto de los recursos hídricos en España hasta 2027.
La iniciativa del PP recuerda que en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 2022-2027 el Gobierno ha decidido un recorte de 105 hectómetros cúbicos en el agua trasvasada a la zona agrícola de Alicante, Murcia y Almería sobre los 290 que recibían, mientras que ha puesto de manifiesto que «el Tajo no tenía reconocido caudal mínimo ecológico», que ahora sí, con el añadido de que el caudal fijado «no venga refrendado por informes técnicos» porque «tan solo se han tenido en cuenta criterios políticos».
«Andalucía no niega la existencia de un caudal mínimo ecológico, lo que no concibe es el volumen del mismo, ya que con 6 metros cúbicos por segundo sería suficiente y el trasvase Tajo-Segura sería viable, tal y como si establecen diversos estudios científicos», afirma la Proposición no de Ley del PP.
El PP recuerda que en el Consejo Nacional del Agua, celebrado en noviembre de 2022, «se propuso fijar un caudal ecológico de 7 metros cúbicos por segundo en el río Tajo a su paso por Aranjuez desde la entrada en vigor del nuevo plan y condicionar los incrementos progresivos hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo al cumplimiento de los objetivos ambientales», aunque explica que posteriormente «se votó un texto in voce presentado por el responsable del Ministerio que modificaba la propuesta inicial», hecho que provocó «una enorme confusión».
La Proposición no de Ley del PP-A sostiene que «alcanzar el buen estado en el río Tajo debería ser compatible con satisfacer las demandas en la Cuenca del Segura», mientras que considera que hay otras medidas que permitirían mejorar el estado del Tajo, entre las que enumera «la mejora del tratamiento de aguas residuales o de la eficiencia en el uso del agua, la modernización de regadíos».
«Son innumerables los perjuicios que conllevarán en Almería, Murcia y Comunidad Valenciana este recorte, supone la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo directos y 25.000 hectáreas de cultivo y se verán afectadas más de 120.000 personas», sostiene el PP para fundamentar su rechazo al trasvase Tajo-Segura, datos a los que suma «la pérdida de 18.000 millones de euros en la balanza de exportaciones nacionales, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante».
El PP lamenta en su PNL «la decisión unilateral e injusta por parte del Gobierno de España» que pone fin a «un modelo de vida para miles de familias a lo largo de estos 43 años de vida del trasvase Tajo-Segura».