El desahucio de Jan y su familia --su pareja y dos hijos-- de una vivienda en el barrio de Carolinas de Alicante ha sido paralizado y pospuesto «por la presión social y mediática», tras la actuación de los servicios jurídicos de la Unidad de Ayuda ante el Desahucio (UAD) de la Conselleria de Vivienda. «No pensábamos que fuera a salir bien», ha admitido Jan en declaraciones a Europa Press.
El desalojo para la familia de Jan estaba programado para este viernes por la mañana y se ha pospuesto, después de que el miércoles se produjera el desahucio de María, una pensionista de 70 años, y su hijo con una discapacidad del 41 por ciento, que fueron desalojados de su vivienda en el mismo barrio alicantino, propiedad de un 'fondo buitre'.
Jan se ha mostrado «un poco más tranquilo», aunque ha precisado que todavía no le han confirmado hasta qué fecha se ha pospuesto el desahucio. «Estoy un poco nervioso, aunque no tanto como ayer, porque no sé cuánto tiempo me dan. Si me dan seis meses, estaré más tranquilo», ha expresado.
«Estuve esperando que me echaran en serio, hasta ayer por la noche cuando supimos que estaba suspendido. No pensábamos que fuera a salir bien», ha señalado. Además, ha agradecido el apoyo y la «fuerza» a los medios de comunicación y al Sindicat de Barri de Carolinas. «Sin medios, creo que sale mal todo, seguro. Con esa fuerza se puede hacer algo, pero sin fuerza y sin sindicato, ahora estoy en la calle, segurísimo. Voy a colaborar con ellos el resto de mi vida», ha recalcado.
Francisco Llopis, miembro del sindicato, ha explicado a Europa Press que la actuación de los servicios jurídicos de la Unidad de Ayuda ante el Desahucio de la Conselleria de Vivienda ha permitido paralizar el desahucio. «Se ha conseguido que, de forma prácticamente inmediata, a raíz de la denuncia y del revuelo social en los medios de comunicación por el desahucio de María --que sí se ejecutó--, la administración se ha puesto las pilas. Han hecho en 24 horas lo que no hemos conseguido que hicieran en meses de solicitudes», ha subrayado.
En este sentido, ha apuntado que espera que tras esta «intervención de emergencia» de la UAD, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante firmen el informe de emergencia habitacional y lo tramiten para que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) realice de urgencia la concesión de vivienda social ya que, según ha indicado, la familia de Jan cuenta con el informe de vulnerabilidad y tendrá en breve una nueva fecha de desahucio.
«Con esa tramitación de urgencia de la concesión de vivienda social, en cuestión de poco tiempo, normalmente semanas o pocos meses, se concedería una vivienda social a esa familia, que ha hecho cuatro veces la solicitud de vivienda social a le EVHA, desde 2016», ha detallado.
Así, considera que Jan y su familia --con una hija de 18 años y un hijo de 25-- tendrían «una solución definitiva», con el pago de un alquiler «asequible». «Hasta que eso no se consiga, siguen con un pie dentro y otro fuera», ha lamentado.
"tener un trabajo y un techo"
Jan, que es albañil, ha explicado que perdió su trabajo y lleva «seis años buscando trabajo y luchando por la vida», un periodo en el que ha cobrado distintas prestaciones durante tres años y en abril comenzará a recibir la renta valenciana, aunque ha expresado que «con eso se puede vivir con un alquiler social».
«Quiero pagar algo, no soy de los que no quiere pagar, pero mucho no puedo. Si me dan 1.000 euros, puedo pagar 200 sin problema, pero más no», ha relatado. «Voy a luchar por encontrar trabajo. Espero salir de esta problemática, es una situación muy mala, encontrar trabajo y que se me cambie la vida. Tener un trabajo y un techo, vivir normal», ha resaltado.
El sindicato explicó que Jan perdió su trabajo en 2016 y «ante la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible, antes que vivir en la calle, se vio en la necesidad de ocupar un piso». «Buscó una vivienda que llevaba años vacía, propiedad inicialmente del Banco Santander y luego de un 'fondo buitre'», ha apuntado.
Además, realizó los distintos trámites en los Servicios Sociales municipales y en la EVHA para conseguir una vivienda social «sin obtener ningún resultado». También intentó «contactar con el propietario para ofrecerse a pagar un alquiler y regularizar su situación, pero solo ha recibido negativas».