La comisión extraordinaria de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con el apoyo del PP, Ciudadanos y VOX; y los votos en contra del PSOE, Podemos y ZeC, el dictamen de la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre la parcela en la que se ubica al campo de fútbol de La Romareda y que permitirá incorporar 22.500 metros cuadrados de suelo comercial de un total de 42.500 metros cuadrados de una torre de 14 alturas que no se llegará a levantar, mientras que el resto se ubicarán en otra zona de la ciudad.
Esta aprobación inicial, que se volverá a someter a votación en el pleno para su aprobación definitiva, se ha producido después de que el Real Zaragoza y el Gobierno de Aragón presentaran sendas alegaciones a la aprobación que hizo el pleno sobre la modificación parcial del PGOU y tras la que se abrió un periodo de alegaciones, al igual que también se produce ahora la apertura de un tiempo de exposición pública.
Será en este plazo cuando el PSOE pueda incorporar el informe elaborado por dos catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla y de Extremadura, Manuel García Ayuso Covarsí y Juan Monterrey Mayoral, respectivamente.
El resultado de este informe encargado por el PSOE revela que la cesión del estadio de La Romareda a 40 años tendría un beneficio de 286 millones de euros y en caso de ampliarlo a 75 años, como pide la alegación del Real Zaragoza, llegaría a los 751 millones de euros.
Este estudio no se ha admitido como alegación al presentarse fuera de plazo, ha indicado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, lo que ha supuesto que el concejal socialista, Horacio Royo, replicara que no lo podía presentar hasta no conocer la alegación del Real Zaragoza realizada por la consultora Idom en la que se pide explotar el campo de fútbol durante 75 años, mediante la fórmula de derecho de superficie, para que sea rentable la inversión prevista de unos 140 millones de euros.
Esta tramitación se realiza por procedimiento de urgencia y se habilita un plazo de 15 días para volver a presentar alegaciones a esta modificación del PGOU.
Transparencia
En su intervención Serrano ha aludido al «extraordinario nivel de transparencia» sobre los aspectos susceptibles de debate, como es la alegación del Real Zaragoza y el tiempo de explotación del campo y para lo que el Gobierno de la ciudad ha solicitado un informe a la Universidad de Zaragoza que avala la pretensión del club de fútbol.
Esta alegación señala que el Ayuntamiento conserva la potestad íntegra del campo de fútbol independientemente del modelo de explotación, y permite poner los condicionantes en la licitación que se saque. «El interés público permanece intacto», ha recalcado.
De la alegación del Gobierno de Aragón, ha comentado que no da lugar porque se reclaman derechos de propiedad de varios viales del entorno de La Romareda que, aunque el Ejecutivo autonómico tuviera razón, no obstaculiza esta modificación del PGOU.
Serrano ha subrayado que esta inversión se hará con financiación privada sin que cueste un euro a los ciudadanos, frente a otros intentos que han fracasado por falta de impulso financiero.
Observaciones
El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha comentado todos estos estudios «obvian varias circunstancias, teniendo en cuenta además que es una operación de altísimo riesgo que está sometida a muchas incertidumbres previas».
Al respecto, ha dicho que la deuda previa con la que parte el Club de 45,5 millones de euros, que habría que amortizar al igual que los 140 millones de euros de inversión prevista. Ha alertado de que la situación económica global pueda empeorar, que los costes de la inversión se incrementen por la subida de la inflación; y que el Real Zaragoza no obtenga los resultados deportivos deseables, ni el número de socios previstos.
Asimismo, ha estimado que se puede dar el caso de que no pueda arrendarse toda la superficie prevista de usos terciarios; y que no se celebren los macroeventos previstos.
«Hay otros costes de oportunidad --ha añadido Calvo-- que evidentemente deberemos de tener en cuenta a la hora de facilitar o no esta inversión». Así, ha citado la celebración del Mundial de 2030; el retorno social que tendría por la reactivación económica vía generación de empleo; el coste de oportunidad, si se impide el proyecto y se mantiene el actual campo; los ingresos por canon al Ayuntamiento que ahora no se perciben; el mayor volumen de ingresos por turismo; y la dificultad para captar nuevos inversores para revitalizar el equipamiento deportivo.
Sociedad mixta
El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha pedido una explotación mediante sociedad mixta --Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón y Real Zaragoza-- que explote el campo y la ciudad del deporte sin coste para las arcas municipales. Ha lamentado que este modelo, como el de San Mamés, no se lleve a cabo porque «se sacrifican los intereses de la ciudad y se cuidan los de terceros».
Esta ha sido uno de los motivos que ha supuesto que Podemos haya votado en contra, en lugar de a favor como en la votación anterior a la presentación de las alegaciones.
El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha criticado que se pone puente de plata al Real Zaragoza por conceder 75 años la explotación del estadio y «después retornará en estado ruinoso a la ciudad». Ha preguntado por qué no se ha pedido a los catedráticos de la UZ que dijeran como es rentable a 50 años la explotación del campo de fútbol.
Meollo
El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que el Gobierno de la ciudad «nunca ha querido el acuerdo» porque en tal caso «se habría contado la verdad de sus acuerdos en la sombra».
Royo ha recalcado que la explotación es «troncal» porque es donde «está el meollo» y los hechos dan la razón al PSOE porque «han contado la verdad con la alegación del Real Zaragoza». «Se da la transmisión del a propiedad del vuelo y del subsuelo, es decir, del estadio y de lo que albergue en los bajos, al Real Zaragoza por 75 años y es incuestionable según la ley del suelo», ha remachado el edil.
A su parecer, será un buen negocio para los inversores, pero no para la ciudad, que recibirá un canon de 500.000 euros por el nuevo estadio, que ha calificado de «limosna». A los 40 años seria «rentable», pero el llevarlo a 75 años supone «dejar de promover un proyecto público para promover un auténtico pelotazo, un negocio brutal, de personas muy allegadas al alcalde, con el patrimonio de todos los zaragozanos. Esa es la verdad de todo este asunto».