La Sindicatura de Comptes ha detectado una «baja incidencia del control financiero» en entidades locales durante el ejercicio 2021 y ha advertido que solo el 20,8 por ciento de las analizadas había elaborado el plan anual de control financiero, menos que en 2020 (22,1%).
Así consta en su 'Informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales' correspondiente a 2021 y publicado este martes, que se ha centrado en la información relativa al ejercicio del control interno en las entidades locales, correspondiente a 2021, que los órganos de Intervención
debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.
Además, la Sindicatura ha analizado una muestra de los expedientes remitidos por 16 municipios de entre 20.000 y 30.000 habitantes: Alfafar (Valencia), Almoradí (Alicante), Altea (Alicante), Aspe (Alicante), Bétera (Valencia), Cullera (Valencia), Ibi (Alicante), La Pobla de Vallbona (Valencia), L'Alfàs del Pi (Alicante), Llíria (Valencia), Moncada (Valencia), Mutxamel (Alicante), Picassent (Valencia), Pilar de la Horadada (Alicante), Requena (Valencia) y Sant Joan d'Alacant (Alicante).
El 86,7% de las entidades locales había rendido la información del ejercicio 2021 prevista en la Instrucción hasta la fecha de realización del informe (15 de octubre de 2022) y el 73,2% de las entidades cumplieron con esta obligación dentro del plazo legal.
Entre las incidencias más significativas detectadas, la Sindicatura señala «la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado, así como de otras actuaciones de control permanente».
Sobre las actuaciones de control permanente y el control financiero posterior de los ingresos, apenas fueron realizadas por
el 30% de las entidades en los dos ejercicios 2020 y 2021.
Por otra parte, del total de intervenciones que remitieron información relativa al control interno, solo un 7,3% en 2021 y un 8,0% en 2020 afirmaba haber realizado auditorías públicas en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas, incluyendo en su
caso la contratación con firmas privadas de auditoría.
Asimismo, la Sindicatura destaca «el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual» de control interno, su remisión al Pleno de la corporación y a la IGAE, así como en la confección del plan de acción. Un 68,7% de los órganos de Intervención que enviaron información en materia de control
interno del ejercicio 2021 comunicó haber elaborado el resumen anual de los resultados de control interno del ejercicio anterior al de referencia. Los municipios de menor población y las mancomunidades son las entidades que incumplieron en mayor medida estas obligaciones.
Provisionalidad y recursos "insuficientes"
En este sentido, el informe de fiscalización advierte también que «existe un alto grado de provisionalidad en el puesto de Intervención reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 50,8% en 2021».
Además, un 75,0% de los órganos de Intervención de las entidades locales consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponían, de los cuales el 64,3% había comunicado dicha circunstancia al Pleno.
Acuerdos contrarios a los reparos de intervención
Por otro lado, en 2021 hubo 187 entidades que comunicaron la adopción de 6.470 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe total asociado de 300 millones de euros.
Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, los expedientes de contratación, gastos de personal, subvenciones y otros procedimientos. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el Pleno y por la Junta de Gobierno.
Las intervenciones de 16 entidades locales en 2021 y de 15 entidades en 2020 emitieron informes desfavorables sobre modificaciones presupuestarias. Por lo que se refiere a la
aprobación o la liquidación del presupuesto, en 2021 hubo 22 informes negativos (24 informes en 2020).
A lo largo del ejercicio 2021, un 23,6% de las intervenciones locales emitieron informes desfavorables sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla del gasto (el 24,9% en 2020).
En el ámbito de los ingresos, 28 ayuntamientos y una diputación provincial informaron sobre anomalías en un total de 248 expedientes, con un importe asociado de 3 millones de euros. Las tasas, los impuestos locales y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.
Recomendaciones
En sus recomendaciones, la Sindicatura de Comptes pone el foco en la necesidad de que las entidades "mejoren la rendición
de forma completa y dentro del plazo establecido«. Se recomienda también, entre otras cuestiones, que »no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como tampoco la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial".
Por último, ha puesto de manifiesto «la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva».