El denominado clan de los Kikos se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de dirigir el mayor punto de venta de droga en la Cañada Real desde un 'bunker' en el que se suministraban 200 dosis al día.
El fiscal solicita penas de hasta 11 años de cárcel por delitos contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas y deposito de armas.
A los procesados se les detuvo en la denominada 'operación Maíz' en la que se desarticuló en marzo de 2020 el mayor punto de venta de drogas en la Cañada Real y de toda la región, ubicado estratégicamente y completamente bunquerizado con fuertes medidas de seguridad.
El total del dinero intervenido en la totalidad de las entradas y registros practicadas ascendió a 526.453,37 euros procedente de la actividad ilícita. Mientras que la sustancia estupefaciente intervenida estaba destinada a su distribución a terceros y tiene un valor en el
mercado ilícito, de 1,5 millones de euros.
En el escrito de acusación, el fiscal expone que en la parcela 20 PB F de la Cañada Real, la fuerza instructora tuvo que derribar tres puertas acorazadas, para acceder al interior. En ese momento, los acusados que se encontraban dentro provocaron un incendio a fin de evitar que los Agentes pudiesen incautar las sustancias, dinero y efectos que allí se encontraban.
Sucesores de los gordos
Durante las vigilancias los agentes pudieron comprobar que el punto de venta ubicado en la vía pecuaria estaba regido por el clan de los Kikos, sucesores de otro antiguo y conocido clan desarticulado hace años, el de los Gordos. Contaba con una estructura que empleaba a unos individuos como 'aguadores' y que a su vez, dado el trasiego continuo de personas y vehículos, tenían un servicio de aparcacoches para los compradores.
Otros integrantes de la organización se situaban en el acceso a la parcela para decidir qué compradores o consumidores podían entrar y finalmente otros controlaban el acceso al inmueble. En el interior de la parcela se encontraban otras personas que dispensaban la droga en el interior de una sala bunquerizada.
Las investigaciones también permitieron comprobar que tras estos individuos se encontraba el 'número dos' de la organización para supervisar sus actuaciones y que todos ellos guardaban algún tipo de parentesco directo con los líderes de la organización.
Supermercado de la droga
Tras finalizar las investigaciones, los policías iniciaron la entrada y registro de manera simultánea en cinco domicilios, dos en Madrid, uno en Alcalá de Henares, uno en Torrejón del Rey (Guadalajara) y otro en el municipio toledano de Illescas.
Durante los registros se pudo comprobar que el punto de venta ubicado en la Cañada Real funcionaba como un supermercado, ya que tenían carteles llamativos en los que anunciaban los productos y los precios, otros carteles con los horarios de los autobuses que circulan por el lugar y zonas donde acomodar a los clientes o a los que decidían consumir la droga en el lugar.
En el registro practicado en la vivienda de la Cañada, los agentes se encontraron con fuertes medidas de seguridad que habían instalado los investigados, como cámaras de videovigilancia y accesos con varias puertas acorazadas instaladas de manera consecutiva.
A pesar de que algunos de los arrestados incendiaron la estancia para hacer desaparecer los estupefacientes y el dinero, los agentes consiguieron recuperarlo. Los sanitarios tuvieron que atender a algunas personas, pero ninguno de gravedad.
En toda la operación se intervinieron un total 520.000 euros en efectivo, 19 kilos de cocaína, casi tres kilos de hachís y heroína, 18 armas de fuego cortas reales con casi 2.000 cartuchos de distintos calibres, maquinaria para tratar sustancias estupefacientes (prensa hidráulica y máquina envasadora al vacío), así como diversas joyas, relojes de lujo y 11 vehículos, algunos de ellos de alta gama.