La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado el resultado de un informe encargado a unos catedráticos en el que se revela que la cesión del estadio de La Romareda a 40 años tendría un beneficio de 286 millones de euros y en caso de ampliarlo a 75 años, como pide la alegación del Real Zaragoza, llegaría a los 751 millones de euros.
El informe ha sido elaborado por los catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla y de Extremadura, Manuel García Ayuso Covarsí y Juan Monterrey Mayoral, respectivamente.
El estudio de ambos catedráticos se basa en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluye la incorporación de una parcela de 20.500 metros cuadrados, mientras que la alegación de la consultora IDOM encargada por el Real Zaragoza señala 22.500 metros cuadrados, luego hay una diferencia de 2.000 metros cuadrados que abarataría los costes, ha precisado Ranera.
El segundo «error» es que según la modificación del PGOU la parte de usos terciarios la cifra en 22.500 metros cuadrados, «pero en realidad dice que se pueden usar» hasta 33.270 metros cuadrados. «Son dos errores básicos que se revelan por los catedráticos según la alegación del Real Zaragoza y el informe de IDOM», ha resumido la también candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza.
Asimismo, Ranera ha comentado que hay «errores conceptuales» como que no se justifica por qué la inversión del nuevo estadio es de 120 millones y no de otra cuantía. Tampoco se consideran otros ingresos como la publicidad o el aumento de socios del Real Zaragoza.
En rueda de prensa, la portavoz ha afirmado tajante que «la ciudad tendrá un nuevo campo de fútbol y el PSOE lo llevará en programa electoral» de los comicios de mayo de 2023.
Titularidad municipal
El PSOE, ha señalado, aboga porque sea un proyecto de interés general, explicable y que todos los grupos y la ciudad tengan la información necesaria. Ha argumentado que en su día los socialistas votaron en contra de la modificación del PGOU porque no se hablaba del modelo de concesión o de privatización por 75 años como ha pedido el Real Zaragoza mediante el derecho de superficie porque «sino no le salen las cuentas del retorno de beneficios».
Ha reclamado que el control sea municipal, de los socios y para ello hay que ir a un proyecto de concesión por lo que se ha encargado este informe a dichos catedráticos para que digan si, tras conocer la modificación del PGOU, es posible que haya un equilibrio financiero entre construir el campo de fútbol, la concesión a 40 años y que la empresa que invierta tenga beneficio.
Ese es el objetivo del informe, con fecha del 23 de enero, que se ha dado a conocer este jueves, para no influir en los técnicos municipales, ha aclarado Ranera, quien también ha preferido que fueran catedráticos de fuera de la ciudad para poner distancia al ser un asunto muy mediático.
Corrigiendo esos dos errores fundamentales las conclusiones son dos. Una de ellas que la inversión del campo de fútbol más los intereses de la operación se terminarán de pagar en 18 años y medio. A partir de ahí todo será beneficio neto desde el año 19 al 40 y lo ha cifrado en esos 286 millones de euros. En 40 años, una cesión del Ayuntamiento sería de 286 millones de euros de rentabilidad para el adjudicatario y de 286 millones a 75 años, ha reiterado.
El informe de los catedráticos, según la modificación del PGOU, apuesta por el control público del estadio porque el beneficio de 286 millones en 40 años, que a su parecer, «no es una mala cifra y a 75 años, además de privatizar el estadio serían 751 millones de euros de beneficio para los inversores». «No hay que ser tan ambiciosos», ha instado.
Lola Ranera ha comentado que el PSOE incorporará este documento al expediente administrativo de la modificación del PGOU porque quiere que se conozca y que haya un campo de fútbol, cuyo control sea público como marcan los catedráticos, pero que también tenga rentabilidad, y «no un escándalo que serían los 751 millones porque la palabra pelotazo se queda corta».
Al alcalde le ha recordado que son más de tres años con este asunto y le ha pedido que la credibilidad de los catedráticos sea la misma que la suya y que se vea en la comisión extraordinaria del próximo 1 de febrero porque «merece la pena analizarlo en profundidad». Desde lo público puede haber negocio para unos inversores y que la ciudad tenga el control del campo de fútbol, ha concluido.