La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha indicado este miércoles que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico estudian recurrir al Tribunal Supremo el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que se incluye un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos hasta 2027.
«Es un atropello del Estado que no tiene precedentes», ha manifestado la consejera, quien ha afirmado que tras las conversaciones con el resto de comunidades autónomas, «especialmente con Murcia», se ha acordado llegar hasta donde haya que llegar para defender los intereses de los andaluces« y evitar este »ataque a los trasvases y la solidaridad del agua", según lo ha considerado.
En declaraciones ante los medios durante su paso por la feria Madrid Fusión, la titular andaluza de Agua ha incidido en que la postura adoptada por Ministerio para la Transición Ecológica es «injusta a sabiendas» y parte de un posicionamiento «ideológico» y «contra natura» por el que el Gobierno «quiere restar a los trasvases de este país».
En este sentido, Crespo ha vuelto a apelar a la existencia de estudios científicos que sitúan como medida para un caudal ecológico los seis metros cúbicos por segundo frente a los 8,65 metros cúbicos por segundo recogidos en el plan hidrológico, con el que «quitan al Levante español 105 hectómetros cúbicos» de agua al año, y que repercute en la actividad de los agricultores que «están exportando al resto del mundo y están dando empleo de calidad y sostenibilidad».
«Es injustísimo», ha recalcado la representante del Ejecutivo autonómico andaluz, quien ha apuntado que el propio dictamen emitido por el Consejo de Estado, que era preceptivo pero no vinculante, «recoge las alegaciones de Andalucía» y avisa de la falta de «coordinación» entre los planes hidrológicos de Tajo y el Segura.
De la misma forma, ha afirmado que en el marco del Consejo Nacional del Agua se consiguió llegar a «un acuerdo de siete metros cúbicos por segundo» que, posteriormente, el Gobierno central «rompió de forma unilateral» al dar «carpetazo al acuerdo» para reformular ese caudal ecológico. «Nos parece un problema gravísimo para el futuro con mayúsculas, una decisión injusta, un atropello a los intereses de los levantinos de Valencia, Murcia y Andalucía», ha abundado la consejera andaluza.
Con ello, ha insistido en que los trasvases «son la demostración de la solidaridad de España entre regiones» para que «lo que sobra en unos territorios venga a otros» en los que los recursos hídricos puedan transformarse «en productos» y dar «abastecimiento» a la población. «¿Habrá algo más injusto que restar lo que sobra en otros territorios de forma caprichosa, sin decisiones basadas en cuestiones científicas?», se ha planteado.
Crespo, quien ha abogado por mantener los trasvases más allá de que en los territorios «secos» se apueste por sistemas para la regeneración de aguas y la desalación, ha planteado además el uso que dará Portugal al agua que les llega a través del Tajo, pudiendo ser «más inteligentes que los españoles» al trasvasar desde Alqueva hasta la región del Algarve, en el sur del país.