El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado un «disparate» el recorte del trasvase del Tajo-Segura que implica la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa los planes hidrológicos de varias cuentas y ha instado al Gobierno a dar «marcha atrás» en un decisión carente de «sentido común» y en la que «no prima el interés general».
«Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados», ha criticado.
A preguntas de los periodistas en Jaén, donde se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno ha remarcado el «absoluto desacuerdo» mostrado por Andalucía «de manera reiterada y clara en los últimos meses» y ha asegurado que estamos ante «una nueva imposición de carácter unilateral» del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según ha dicho, «va a llevar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo en el Levante español y en el andaluz».
El líder del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera no haya atendido las peticiones «para que hiciese una reflexión» y se «sentase a negociar» con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regantes y productores.
«Creo que es una de tantas decisiones políticas que se toman en este Gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general y donde lo que sí prima son los acuerdos políticos e ideológicos, perjudicando al conjunto de los ciudadanos», ha trasladado.
Moreno ha afirmado que la aprobación este martes del Real Decreto es «un gravísimo error» que le han dicho a Pedro Sánchez «los propios socialistas murcianos, valencianos, e incluso, alguno de Almería» y ha asegurado que es indicador de que «es hora de el Gobierno pare y se ponga a hablar, a dialogar» abandonando lo que es «un criterio puramente ideológico».
«Se trata de una decisión claramente política, completamente injustificada en término técnicos, y que, además, se ha tomado una manera precipitada sin atender al propio Consejo de Estado que ha hecho unas aseveraciones que tendría que tener muy en cuenta», ha concluido.