La diputada del PP en las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha afirmado este martes que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno regional ha recortado más de un 51 por ciento de su presupuesto para luchar contra la pobreza en los años 2021, 2022 y 2023 para «tapar agujeros» con «lo que le ha sobrado».
Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado el recorte, que ha cifrado de 6,5 millones de euros en 2022, remitiéndose al informe del Departamento de Hacienda relativo a las modificaciones presupuestarias del pasado mes de noviembre, que señala que se recortaron 3,5 millones de la prestación complementaria y otros tres de las ayudas para la integración familiar.
En 2023, ha continuado Orós, Ciudadanía «ahonda en el desmantelamiento», lo que ha atribuido a «su ineficacia en la gestión y las malas decisiones políticas», cuyas consecuencias «las están pagando todas las familias aragonesas» en situación de vulnerabilidad.
Ha apuntado que el año pasado el poder adquisitivo de las familias aragonesas cayó «en picado», más de un 20 por ciento, debido a la inflación, en el caso de las familias vulnerables un 26 por ciento, y 2023 «no va a ser el año de la recuperación», sino «un año lleno de incertidumbres» porque «la economía se ralentiza» en toda España y el riesgo de pobreza alcanza ya a un 20 por ciento de la población, 280.000 personas en Aragón, mientras que la pobreza severa se sitúa en un 8,1 por ciento, 107.000 personas, cuando en 2015 estaba en un 5 por ciento en la comunidad autónoma.
La parlamentaria del PP ha avisado de que en 2021 el presupuesto para luchar contra la pobreza bajó en 25 millones de euros, con la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según un informe de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. «¿Cómo es posible que al Gobierno de Aragón le sobre dinero para prevenir la exclusión social, luchar contra la pobreza y promover la inserción laboral?», se ha preguntado.
Promesa incumplida
Orós ha criticado que el Gobierno de Aragón no haya cumplido su promesa de dar ayudas de 200 euros a 17.000 personas vulnerables, como anunció el presidente, Javier Lambán, en un Pleno parlamentario el pasado mes de septiembre. «No lo han cumplido porque están utilizando el dinero para tapar agujeros», ha dicho Orós, añadiendo que no deja de ser «un mero parche».
También se ha quejado de que el Servicio Aragonés de Inclusión «está en el cajón», no se ha puesto en marcha, y ha recalcado que las familias vulnerables «necesitan el apoyo de la DGA», que hasta la fecha no ha dispuesto «ni una sola medida» para prevenir la pobreza".
Marian Orós ha apostado por recuperar el presupuesto recortado, modificar el IMV para que sea «más eficiente», incorporar medidas para que las familias que no pueden acceder a las prestaciones para rentas bajas «por pocos céntimos» puedan hacerlo y poner en marcha el Servicio Aragonés de Inclusión.