El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que, aunque «no es menor» el desbloqueo que se ha producido en la renovación del Tribunal Constitucional, no supone «el punto final» de la crisis institucional, porque «el problema gordo» es de la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cuatro años. En este sentido, ha denunciado que se haya pretendido «dejar a uno de los poderes del Estado», el judicial, «al margen de la evolución democrática del país».
En una entrevista concedida a Europa Press, Sordo se ha referido, de esta forma, a la designación este pasado martes por unanimidad del CGPJ de sus dos magistrados para el TC, lo que ha acabado con la situación de bloqueo que vivía desde hace medio año el tribunal de garantías.
No obstante, ha considerado que esto no supone «para nada un punto final» en la crisis institucional provocada por «la no renovación del CGPJ», que «son palabras mayores». «Yo creo que, a veces, los responsables políticos e institucionales, en vez de abusar de los adjetivos, tendrían que explicar bien, para que entienda todo el mundo, la gravedad de lo que está ocurriendo», ha apuntado.
En este sentido, ha destacado que «lo que está pasando en España es que uno de los tres poderes del Estado no se renueva». «En España, cada vez que hay elecciones, se renuevan el legislativo y el ejecutivo, y hay un tercer poder del Estado, que es el judicial, que ha decidido que no se renueva», ha apuntado.
A su juicio, esto es «gravísimo porque los poderes del Estado emanan del pueblo, como dice el artículo 1.2 de la Constitución». «Por tanto, aquí lo que se ha pretendido es dejar a uno de los tres poderes del Estado al margen de la evolución democrática que ha tenido el país en los últimos años», ha enfatizado.
De "gravedad extraordinaria"
El líder sindical ha considerado que es una cuestión de «una gravedad extraordinaria». «Este es el problema y de ahí se derivaba el bloqueo en la renovación a su vez el Tribunal Constitucional. Se ha llegado a un consenso que habilita una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, que es un tribunal llamado a decidir sobre cosas muy importantes, sobre la constitucionalidad, entre otras cosas de la reforma laboral y, por tanto, es una es una cuestión momentáneamente resuelta», ha indicado.
Tras admitir que no es un tema «menor», ha subrayado que «el problema gordo realmente es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no puede permanecer al margen de la democracia».
El líder sindical cree también que los últimos avances sociales y acuerdos en materia laboral aplicados por la coalición PSOE-Podemos podrían peligrar en caso de que gane el PP «porque prácticamente todas las medidas que se han tomado, no solo las han rechazado, sino que las han llevado a los tribunales, con la idea incluso de que las acabe resolviendo el Tribunal Constitucional».
Asunción de la democracia
«El episodio de lo que está ocurriendo con el CGPJ no es más que un ejemplo más de hasta qué punto hay sectores políticos, mediáticos y empresariales en España que no asumen la plenitud de la democracia o, dicho de otra manera, sólo la asumen cuando los resultados van en una determinada orientación», ha aclarado.
Tampoco se ha mostrado de acuerdo con una bajada generalizada de impuestos, como se propugna desde algunos sectores del PP, que, de producirse, pondría en cuestión «no solo las pensiones, sino todo el marco de protección social de servicios públicos y de servicios a la ciudadanía».
Unai Sordo ha destacado que la «trampa» de bajar los impuestos es la «trampa» de privatizar todo aquello que suponen los servicios básicos para la ciudadanía. «Bajar impuestos hoy es subir los impuestos, o subir los gastos de la ciudadanía pasado mañana. No hay una trampa mayor que decir que, por bajar 20 euros los impuestos en una nómina, se le está poniendo a la gente el dinero en el bolsillo», ha indicado.
En este sentido, ha insistido en que eso iría acompañado de un proceso de privatización, y los procesos de privatización hacen que al final tengas que acabar pagando por la farmacia, por el médico, por la escuela o por la atención a la dependencia«. »Por tanto, las rentas más bajas son las que más necesitan un país fiscalmente justo", ha reiterado.
También es verdad, según ha añadido, que «una cosa es lo que dice el Partido Popular cuando está en la oposición y otra cosa es lo que hace con los impuestos cuando llega al Gobierno». «Pero el ejemplo de Madrid hay que pensar que esta vez la amenaza va en serio. Bajar los impuestos es una apuesta para deteriorar lo público, para que lo público no sirva, para que la gente tenga que buscarse la vida en el mercado privado, donde una serie de amiguetes ya se encargarán de hacer negocio. Ese es el esquema que lleva implícita una bajada generalizada de impuestos en España, que sería un auténtico disparate», ha concluido.