La Junta de Andalucía se reunirá este viernes con el Gobierno en el marco de la Comisión Bilateral cuya convocatoria había reclamado para negociar y evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por el Decreto-ley 4/2022 de la Junta de Andalucía 4/2022, que acordó medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas que había previsto, a su vez, el Gobierno.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves en Mengíbar (Jaén) esa reunión, de la que ha indicado que «agradezco que se celebre de manera tan inminente» por cuanto fue este miércoles cuando solicitó formalmente su convocatoria, al tiempo que ha planteado «un llamamiento al Gobierno para que sea sensible en esta materia», convencido de que el recurso en el Tribunal Constitucional «no es el camino, el camino es el diálogo, buscar el acuerdo para poder ayudar a las empresas a mantener su actividad».
«Mi mensaje es de llamamiento al Gobierno para que se rectifique esa decisión y se ayude a las empresas», ha proseguido reclamando Sanz.
El consejero de la Presidencia ha planteado que ante la reunión de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado «trataremos de buscar un acercamiento de posiciones, puntos de encuentro y evitar ese recurso que significaría un daño irreparable para las empresas, el empleo y el avance de muchas obras que son fundamentales».
Tras reiterar su demanda para que el Gobierno tenga «sensibilidad y evitemos este recurso», Sanz ha esgrimido «la obligación que tenemos las administraciones es buscar soluciones», de manera que ha reclamado al Gobierno «máxima voluntad» ante la reunión de este viernes de la Comisión Bilateral.
Sanz ha considerado que la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional entraña «una decisión errática del Gobierno del presidente Sánchez», mientras que ha defendido «Andalucía ejerce sus competencias, que trabajamos para salvar empresas, el empleo», para reiterar su apelación de «intentar evitar este recurso por la importancia del asunto», convencido de que la Junta de Andalucía plantea «no solo medidas superiores a las que establece el gobierno», y que se hace «con los recursos que son de la Junta de Andalucía», antes de advertir que el Gobierno busca «no solo recurirr, sino también suspender la eficacia de la norma».
Tras invocar que el Decreto-ley 4/2022 «es una iniciativa que la Junta hace en el marco de sus competencias», Sanz ha esgrimido que se trata de «una ayuda imprescindible para evitar que muchas obras se paralicen, las empresas desaparezcan, y miles de empleo se pongan en peligro».