El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que aunque se aceptara la alegación del Real Zaragoza a la operacion Romareda el suelo seguiría siendo público con la fórmula de cesión de derecho de superficie.
El Club ha solicitado al consistorio una cesión de derecho de superficie, que no conlleva la titularidad ni el pleno dominio, y ampliar el tiempo de explotación por encima de los 50 años para que sea rentable, según se recoge en la alegación presentada por el Real Zaragoza al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción y financiación del campo de fútbol de La Romareda a cambio de su explotación y gestión.
En rueda de prensa, Serrano ha considerado que la alegación del Real Zaragoza es una «buena noticia» porque revela el «interés» en construir el campo de fútbol y que, en función de la modificación del PGOU, el número de años de explotación «no avala lo que dicen sus informes financieros» y para acometer una inversión de esa importancia, que ronda los 130 millones de euros, necesita más años para que sea rentable.
Ha explicado que con la modificación del PGOU sería un máximo de 50 años y el Real Zaragoza dice que con esos años «no puede sacar adelante la viabilidad de la operación».
Ahora se contestarán las dos alegaciones también la del Gobierno de Aragón, con el «mayor rigor técnico para ver que Real Zaragoza »este confortable y pueda hacer la inversión y que tenga transparencia e interés público".
«Si se acepta alegación del Real Zaragoza el suelo no deja de perder la titularidad del Ayuntamiento porque la cesión de derecho de superficie no es la privatización del suelo, sino que será siempre público y lo que tendría consideración de equipamiento privado seria el estadio, sin perder el Ayuntamiento la potestad de ejercer facultades de policía que es conservar la posibilidad de que la ciudad pueda hacer eventos y controlar el buen desarrollo de lo que será el estadio».
Rebaja de 24 años
Ha aclarado que la fórmula de concesión demanial por 50 años permite conservar que el suelo sea público y que la cesión de derecho de superficie conlleve privatización «no es cierto».
Ha reconocido que no sabe qué suerte correrá la alegación del Real Zaragoza, pero el acuerdo del Gobierno de la ciudad, PP-Cs con Podemos «habla del carácter público del suelo y que el campo ningún tercero lo pueda registrar como propio». "La ciudad tendrá la propiedad del suelo y el control de la explotación, ha zanjado.
Sobre el plazo, ha precisado que la alegación del Real Zaragoza «no dice que quiere explotar el campo por 75 años, sino que hasta esos años le saldrían los números». El derecho superficie se puede pedir por 99 años que es el máximo que permite esta fórmula jurídica, y lo ha rebajado en 24 años, ha calculado.
En su día, ha explicado, cuando el Ayuntamiento redacte los pliegos, avalados por informes del consistorio, serán los que «determinen el plazo con el que salen los números, que puede ser mucho menor a 75 años, y tampoco serán 40».
A psoe y podemos
Al PSOE le ha contestado que el Gobierno de Zaragoza sigue con la mano tendida, pero ha observado que los socialistas no han aclarado si dan por rota la negociación. «Creo que el PSOE no sabe muy bien lo que quiere y nosotros sí y queremos que se sume al consenso».
Serrano ha aseverado que la alegación del Real Zaragoza «no cambia nada» en la relación con el PSOE y le ha llamado la atención que el PSOE dijera que «había gato encerrado» al recordarle que la fórmula de cesión del derecho de superficie ha estado en el debate".
«Queremos que el Real Zaragoza construya el campo o que los más de 130 millones salgan del bolsillo de los ciudadanos» se ha preguntado Serrano para indicar que está la posibilidad de que una de las inversiones «más potentes» las haga un privado y explote un equipamiento, que «no perderá el carácter de público».
Serrano ha agregado que el Gobierno PP-Cs aboga por aprovechar la iniciativa de inversión y que todos los que vengan a invertir en la ciudad «tengan alfombra roja».
A Podemos ha dicho que el compromiso con la Ciudad del Deporte permanece «inalterado y en nada distorsiona el invertir en este equipamiento futuro en los términos pactados». Si no se permite que sea un privado el que invierta esos 130 millones de euros el coste al que habrá que sumar la Ciudad del Deporte será con cargo a los zaragozanos. «Lo que aligera y permite el cumplir el acuerdo es que sea un inversor privado», ha remachado.
Además, ha recordado que el Real Zaragoza ya tiene un convenio de cesión a 75 años. «No comparto las disquisiciones, no se pierde suelo publico y no entorpece otros compromisos como el de Podemos que se mantendrá sin fisuras».
Ha comentado que la cesión de derecho de superficie supondrá que el Real Zaragoza pueda inscribir el vuelo con un plazo que al finalizar recuperará la titularidad el Ayuntamiento. «No querernos que se nos escape esta oportunidad».
Alegación menor
Al PSOE le ha replicado que si se acepta la alegación del Real Zaragoza y hay que volver a sacar a información publica la modificación del PGOU va a suponer 15 días de retraso. Se intentará llegar a enero pero puede ser febrero y es algo de la suficiente importancia para que con el cumplimiento de los plazos legales, como se ha hecho con otras inversiones, se puede hacer un pleno extraordinario".
La alegación del Gobierno de Aragón es «menor» ha opinado y ha señalado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de «forma errónea quiere hacer ver que defiende una cuestión patrimonial, como si tuviera algo monetarizable o patrimonializable y no es así porque se cedió en 1963 sobre unos viales en los que una sentencia firme dice que no tiene aprovechamiento lucrativo porque se fue todo a residencial».
«El valor económico de la reparcelación --ha añadido-- se puso en aprovechamiento residencial, donde se pueden construir edificios. No hay ningún patrimonio, sino la obligación de mantenimiento de ese vial, si el Ayuntamiento dijera cuanto tiempo lleva desde 1963 en su mantenimiento, pero no hay interés económico en esa alegación».