El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley el Sistema Vasco de la Garantía de Ingresos y para la Inclusión, un texto acordado por el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU que entre otros aspectos, supondrá una subida del 8,5% en las prestaciones, de forma que, con la entrada en vigor de la norma, la cuantía mínima de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se situará el próximo año en torno a los 800 euros.
El grueso de la ley se ha aprobado con el voto afirmativo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, mientras que EH Bildu se ha abstenido, y los grupos de PP+Cs y Vox han votado en contra.
El acuerdo alcanzado entre PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU establece un incremento de las cuantías de la RGI y fija el mecanismo de actualización de las mismas atendiendo a la tasa de riesgo de pobreza calculada en la 'Encuesta de Condiciones de Vida' del INE para el conjunto del Estado o a la 'Encuesta Oficial de Pobreza y Desigualdades de Euskadi'.
Este mecanismo supone que la cuantía mínima de la RGI se situará en torno a los 800 euros. En concreto, la cuantía base del año 2023 será la fijada para el Ingreso Mínimo Vital y desde 2024, atendiendo al IPC en Euskadi, se fijará en los Presupuestos. Además, la renta máxima garantizada no podrá ser inferior a la tasa de riesgo de pobreza.
También rebaja la edad de acceso a las ayudas de 23 a 18 años si se lleva un año con proyecto independiente de vida, en situación vulnerable y activo para el empleo.
Asimismo, se elimina el requisito de empadronamiento previo a colectivos vulnerables como víctimas de violencia machista y doméstica, de trata y explotación sexual, y personas reconocidas como refugiadas. A su vez, se reducirá de tres a un año ese requisito para las familias con menores a cargo o mayores dependientes o con discapacidad.
Respecto al incumplimiento de las obligaciones, se establece un sistema que generaliza la pérdida parcial de la prestación, en caso de incumplimientos, frente a la pérdida total que se reserva a casos irreversibles en materia laboral. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la inclusión, sin profundizar en la situación de vulnerabilidad.
Se incorporan por primera vez criterios de conciliación de la vida laboral y familiar en la determinación del incumplimiento de las obligaciones. Además, se protege a las personas menores de edad, contemplando la posibilidad de mantener la cuantía base de la prestación, incluso en supuestos de extinción por incumplimiento.
En su intervención ante el pleno, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha subrayado que en estos años se ha «aprendido del éxito y de las limitaciones» del modelo vasco de protección social, se ha integrado el Ingreso Mínimo Vital, y para elaborar esta ley han escuchado e incorporado aportaciones para construir un nuevo sistema de garantía de ingresos e inclusión «más moderno, más ágil, con más garantías».
«Esta Ley supone una mejoría en todas y cada una de las situaciones vulnerables por las que pase un miembro de nuestra sociedad. Hay una mejoría en la renta, que se adapta a las tasas de riesgo de pobreza; hay mejoría en la tramitación y la inclusión con mayor agilidad, más seguridad para personas usuarias y para quienes trabajan en Lanbide; más garantías para que quienes accedan al derecho tengan oportunidades para no quedar aparcados en el rincón del proteccionismo, y mayor rigor en la gestión de los recursos públicos», ha asegurado.
Según ha explicado, esta es una ley «activa por la inclusión, por ofrecer todas las herramientas para que quien pase por un bache en la vida pueda reengancharse a la vida social y laboral». «El espíritu con el que nace esta ley es contar con una sólida red de seguridad que no permita dejar caer a ningún miembro de nuestra sociedad, que permita atender baches y que permita conectar a estas personas con fórmulas de reenganche, de inclusión social y laboral», ha subrayado.
Además, ha recordado que en septiembre, la Comisión Europea pidió a todos los países que antes de 2030 cuenten con rentas mínimas que garanticen la inclusión activa y ha asegurado que la nueva ley «cumple con todos los indicadores europeos». «Creemos que es la mejor ley, la más avanzada, la más moderna, la más rigurosa y la más europea de nuestro entorno, y la hemos trabajado con vocación de que se prolongue durante mucho tiempo», ha subrayado.
Mendia ha agradecido a los grupos parlamentarios «que no han dejado de hacer sugerencias, han sabido tejer nuevos acuerdos y también a quienes no han puesto obstáculos» para su aprobación.
Elaboración urgente del reglamento
«Mañana firmaré la orden de inicio para la elaboración urgente del Reglamento que seguirá la nueva norma. Los próximos meses continuará la adaptación de todos los procedimientos que consigan esa administración eficaz, fácil y rigurosa. Desplegaremos una campaña de difusión de los nuevos criterios, para que no haya nadie que por desconocimiento se quede sin ejercer su derecho. Y seguiremos, con la creación de la Unidad de Inspección, para verificar procesos y asesorar a los perceptores», ha avanzado.
En el debate, el parlamentario de PNV Jon Aiartza ha puesto en valor el tono mantenido en el trámite parlamentario de la ley, un debate «sereno, sosegado, alejado de la crispación y de las etiquetas que, desgraciadamente y demasiadas veces, se han colgado» a estas ayudas. «Nuestro escudo social es sólido pero tocaba actualizarlo para llegar a todas las personas que necesitan la acción pública para llevar una vida digna», ha explicado.
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha señalado que esta ley para su grupo es «muy importante» pero ha lamentado que este texto supone una «oportunidad perdida». No obstante, ha explicado que «por responsabilidad», para no obstaculizar esta ley, se han abstenido. «Siempre tendremos una posición constructiva para seguir debatiendo», ha asegurado antes de defender que hay muchos elementos de sus enmiendas, que «ahora se rechazan, pero que son posibles, necesarios y asumibles».
La representante del PSE-EE Gloria Sánchez ha defendido que esta ley «supone un gran avance y una gran mejora» para el sistema de garantía de ingresos y ha destacado que Euskadi está «a la cabeza de las regiones con tasas más bajas de riesgo de pobreza» pero «había que seguir avanzando». «Eso es lo que vamos a hacer hoy con la aprobación de esta ley», ha señalado.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha reconocido que el texto de la ley «podría haber ido más allá» pero cree que en el momento actual «de gran desigualdad social y de una campaña feroz de derechas y ultraderechas contra estas herramientas de inclusión y protección social», está «orgulloso» por el acuerdo con el que «muchas personas van a poder disfrutar de mayor cuantía económica en su prestación, van a poder acceder más personas» y lanza un mensaje a la sociedad sobre que estas ayudas «no son un problema, no cronifican y tampoco existe fraude respecto a ellas o es muy minoritario».
La representante de PP+Cs Laura Garrido ha explicado que no apoyan la ley porque «no va en la dirección adecuada» y «llega tarde». Además, cree que el Gobierno ha perdido una oportunidad al elegir a E-Podemos como «compañero de viaje de esta ley», al acordar un texto que «no es beneficioso» porque «reduce los tiempos de empadronamiento, rebaja la edad de acceso a la prestación a 18 años, y sube las cuantías previstas».
En el turno de explicación de voto, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que la norma «no mejora la conexión entre el sistema de garantía de ingresos y el mercado laboral, no pone freno al fraude, y no contribuye a la erradicación de la pobreza».