El Consejo de Gobierno ha mostrado este jueves su disconformidad con las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 que afectaban a la envolvente financiera, al considerar que «plantean modificaciones fundamentadas en mayores impuestos, deuda y actuaciones presupuestarias carentes de rigor técnico».
En este sentido, el acuerdo del Consejo de Gobierno se ha mostrado en contra, en primer lugar, de aquellas enmiendas que proponían la derogación total o parcial de los decretos leyes en los que el Gobierno andaluz ha sustentado las sucesivas bajadas de impuestos «que constituyen un pilar fundamental de su política económica», según ha trasladado la Junta en un comunicado, donde ha añadido que muchas de estas enmiendas «resultan técnicamente inviables y las previsiones de ingresos que establecen son infundadas y carentes de rigor».
Entre las enmiendas valoradas por el Consejo de Gobierno, se han rechazado algunas de las presentadas por el grupo parlamentario socialista, como las que contemplaban un incremento de ingresos de más de 814 millones de euros recaudados por la derogación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de la liquidación de la tarifa autonómica del IRPF mediante la derogación de parte de la ley 5/2021, de 20 de octubre de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, el mismo grupo ha solicitado la recuperación del Impuesto de Patrimonio y del Canon de Mejora del Agua.
En similares términos se expresan las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto de Adelante Andalucía, que solicita la eliminación la bonificación de impuesto de Patrimonio, «con lo que pretende una recaudación extra de 100 millones de euros».
También el grupo Adelante Andalucía ha presentado la derogación de las últimas reformas fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, entregas a cuenta de la tarifa de IRPF o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el canon del agua o la implantación de una tasa turística.
Para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, las enmiendas rechazadas eran «líneas rojas de la política fiscal andaluza que de ninguna manera se pueden sobrepasar». «Que la oposición tenga claro que no vamos a subir los impuestos a los andaluces», ha dicho.
«Se pone de manifiesto que en la justificación de las enmiendas no se utiliza un criterio de valoración alguno para la estimación del incremento de ingresos», apunta. Además, algunas de las nombradas «incurren en determinadas imprecisiones al hacer referencia a normas derogadas o a normas sin contenido en materia fiscal», añade.
También se han rechazado aquellas otras enmiendas que planteaban incrementos del crédito, «cuya financiación no sería viable». Es el caso del grupo Por Andalucía, que fundamenta sus enmiendas en un incremento de déficit del 0,9% con un consiguiente volumen de ingresos de más de 1.115 millones de euros.
El Gobierno andaluz considera que «no se puede renunciar a la senda de la estabilidad que se ha alcanzado en los últimos cuatro años, a fuerza de contener la deuda y hacerla sostenible».
«Desde 2019, la Junta ha trabajado en la reducción de la deuda andaluza y no podemos endeudarnos más a costa del bienestar de los andaluces, de la subida de impuestos o de un posible deterioro de nuestros servicios públicos esenciales. El Presupuesto de 2023 es un presupuesto realista, cercano a las necesidades de los andaluces y que apuesta de forma clara y decidida por los servicios públicos esenciales sin subidas de impuestos», ha señalado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.
«Este Gobierno no va a agravar la situación de inflación y de pérdida de poder adquisitivo que sufren los andaluces. Este es el Gobierno de la bajada de impuestos y vamos a seguir trabajando en esta línea para mejorar la vida de los andaluces», ha señalado, tras insistir en «la búsqueda del diálogo y del consenso que caracteriza a este Gobierno. La mayoría absoluta no nos hace infalibles, pero no podemos mostrar nuestra conformidad con enmiendas que sólo buscan subir los impuestos».
Asimismo, ha destacado que actualmente, tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados, la tasa de déficit se ha establecido en un 0,3% y que el compromiso de la Junta es «mantener la estabilidad presupuestaria». «Es más, el hecho de que las tres reglas fiscales se hayan suspendido tras la pandemia, no significa abandonar la responsabilidad fiscal», ha indicado Fernández-Pacheco.
En este sentido, el Consejo de Gobierno entiende que la suspensión de las reglas fiscales a causa de la situación económica mundial por parte del Gobierno central «no significa tener que abandonar la responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas». Además, «esta suspensión afecta al objetivo de déficit, deuda y regla de gasto, pero no al cumplimiento del periodo medio de pago, que se vería comprometido por un aumento de la deuda», ha asegurado.
Tras esto, el Consejo ha mostrado su disconformidad con otras enmiendas que proponen un incremento de los ingresos mediante una provisión de fondos procedentes de la Unión Europea, «ya que el dato de previsión de ingresos FEADER y FEDER viene determinado en el proyecto de Presupuestos para 2023 en función de los importes recibidos en concepto de prefinanciación, en virtud de los reglamentos europeos vigentes».
En este sentido, las enmiendas presentadas por el grupo socialista recogen una recaudación de más de 345 millones de euros por programación de fondos FEADER 23-27 y más de 580 millones de euros por programación de FEDER 21-27, además de una recaudación de 200 millones por un programa de subasta de medicamentos.
Tras este acuerdo del Consejo de Gobierno, que debe dar conformidad a las enmiendas que afectan a la envolvente presupuestaria, ya que tanto ésta como la de las distintas secciones presupuestarias quedaron fijadas por acuerdo del Parlamento de Andalucía el pasado 23 de noviembre, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 continúa su tramitación parlamentaria.